Accionistas rebeldes

Accionistas rebeldes

Empieza por estas fechas la temporada de las fresas, del boquerón, de los espárragos trigueros, los festivales al aire libre y algo mucho menos popular pero que mueve miles de millones de euros:la temporada del voto en las juntas de accionistas, un órgano soberano que manda sobre cualquier otro en las compañías y cuyas decisiones deben ser asumidas y ejecutadas. En total, tres meses del calendario de aquí hasta finales de junio en los que cientos de miles de inversores ejercen su derecho de voto en función de su capital. Para hacerse una idea de la dimensión del movimiento, hay fondos que en un solo mes votarán en 15.000 de estas juntas.

La temporada de este año es distinta de otros por un motivo: hasta 460 accionistas han realizado solicitudes para que se incluyan en las juntas generales temas relacionados con el medio ambiente, según un informe de la consultora ISS Research, uno de los líderes mundiales en asesorar sobre decisiones de inversión. Esto supone el 60% de todas las peticiones y rompe con la inercia instalada en las compañías por la que suelen ignorar las cuestiones ambientales y sociales cuando estas llegan al consejo de administración.

“La tendencia empezó hace tres años y ahora estamos en un momento álgido; sin duda, es un tema estrella”, comentan en Georgeson, dedicada a asesorar sobre decisiones de voto a inversores institucionales.

¿Quién está promoviendo que las empresas tengan en cuenta las cuestiones ambientales en sus decisiones de negocio? El 24% de las peticiones de este año corresponde a fondos de pensiones como el noruego, uno de los más potentes del mundo, que el año pasado salió de 32 empresas mineras y que ahora se plantea sacar de su cartera aquellas empresas que no luchen contra el cambio climático. El clima está siendo precisamente el motor de esta nueva tendencia. Según cálculos de Georgeson, en 2014 hasta 34 accionistas plantearon propuestas relacionadas con cuestiones climáticas o de emisiones contaminantes, 28 de las cuales fueron aceptadas por las compañías para ser votadas.

El fondo de pensiones noruego se plantea salir de empresas que no luchen contra el cambio climático

24% de las solicitudes ambientales de los inversores corresponde a fondos de pensiones.

En la lista de este año siguen a los accionistas institucionales los grupos inversores en responsabilidad social corporativa, con el 31% de las solicitudes. Y aunque pueda sorprender, el 17% corresponde a instituciones religiosas, que gestionan obras sociales y educativas. Completan el ranking con el 9% los sindicatos, las fundaciones (7%) y grupos de accionistas activistas dedicados a comprar paquetes de acciones para forzar cambios de rumbo en las grandes corporaciones. El 6% restante corresponde a otro tipo de inversores, sobre todo particulares.

La inmensa mayoría de este nuevo movimiento se está dando en Estados Unidos, no solo porque el debate ambiental sea más activo, sino también por la estructura accionarial de las sociedades, más atomizada y donde resulta más fácil hacerse con el 3% del capital mínimo para ejercer el derecho de voto. Con esa participación los accionistas pueden incluir propuestas en la junta general, intentar un cambio en el consejo de administración o convocar una junta extraordinaria.

Para lograr ese mínimo, los minoritarios se buscan para unirse cuando quieren forzar cambios. Uno de los últimos ejemplos fue la dimisión de todo el consejo de administración de la petrolera BP tras la explosión de su plataforma petrolífera Deepwater Horizon, hace ahora cinco años. La plana mayor de la empresa dimitió en bloque después de que se comprobara que la empresa no había garantizado los mecanismos mínimos de seguridad para impedir el accidente.

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