Editorial

Un mercado profesional liberalizado

El Gobierno ha renunciado a sacar adelante el anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, según confirmó ayer ante un auditorio de ingenieros de caminos la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Cospedal ha zanjado así los rumores sobre el futuro de un texto legal cuyo proceso de gestación ha ido acompañado de polémica y presiones por parte de los colectivos profesionales. Unas presiones que no son nuevas, puesto que la reforma de los servicios profesionales constituye una vieja asignatura pendiente de España que la Comisión Europea reclama desde hace tiempo con insistencia, y que ya acabó sepultada en un cajón durante el mandato del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Las razones que Cospedal esgrimió ayer para justificar la retirada del anteproyecto apuntan a que la mayor diferencia entre el Ejecutivo y Bruselas está en la figura de los colegios profesionales. La secretaria general del PP reconoció la intensa presión que la CE mantiene sobre España respecto a la reforma, que podría desembocar incluso en la apertura de un procedimiento de infracción. Pero defendió al tiempo que el Gobierno está convencido del valor de los colegios, pese a reivindicar que deben “revisar sus fines” para servir no solo a sus afiliados, sino a toda la sociedad.

La decisión de paralizar la reforma del mercado de servicios profesionales en este momento y de hacerlo, además, en claro desafío a las directrices europeas constituye una muy mala noticia que solo puede explicarse en clave de horizonte electoral. Unión Profesional, colectivo que agrupa a las diferentes profesiones, atribuía hace poco más de dos meses la congelación de la tramitación del texto al férreo rechazo por parte de las profesiones reguladas. Un colectivo que contribuye muy activamente al tráfico mercantil en nuestro país, puesto que aporta cerca de un 9% del PIB, proporciona más de un 6% de empleo directo y aglutina a algo más de un millón y medio de profesionales.

Las cifras, con ser aproximadas, dado que no existen estadísticas fiables sobre el sector, permiten hacerse una idea de la importancia económica que tiene liberalizar completamente este mercado. Más aún cuando se ha convertido en más de una ocasión en fuente de conflictos de competencia, como demuestran algunas de las sanciones impuestas por la antigua Comisión Nacional de Competencia. Precisamente por ello, y por la necesidad de aplicar las directrices normativas comunitarias en todos los mercados, el Gobierno debería revisar la decisión de paralizar el anteproyecto y demostrar así que el afán reformista que ha volcado con éxito en otros ámbitos de la economía tiene su lugar también en los servicios profesionales.

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