La banca salva el proyecto Phoenix con más de un año de retraso
Con más de un año de retraso, y con un diseño más descafeinado de lo previsto, la gran banca española ha puesto en marcha el proyecto Phoenix destinado a salvar empresas muy endeudadas, pero viables. A falta de BBVA, los cinco grandes han firmado un contrato marco y de gestión de estas sociedades con N+1 y McKinsey. BBVA prevé hacerlo en breve. Para lograr el pacto, los bancos han desestimado crear un fondo común y solo crearán vehículos para cada empresa a salvar.
Cuestión de horas o de días, y solo a falta de que BBVA firme el contrato de gestión, el proyecto Phoenix (conocido como Fénix), comienza a andar legalmente, aunque descafeinado sobre el plan inicial. Todos los grandes bancos –Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Popular– han logrado ponerse de acuerdo para firmar la creación de este proyecto impulsado inicialmente por Bankia (entidad de capital público) y el ministro de Economía, Luis de Guindos, según apuntan fuentes financieras, aunque el ministerio se ha desligado de él, según ha explicado en alguna ocasión este departamento.
Su arranque, de hecho, se produjo el pasado 31 de marzo con el acuerdo definitivo para refinanciar la deuda de GAM. Pero el acuerdo de gestión ha nacido, de momento, cojo. Ese día parecía que se habían conseguido vencer los obstáculos y llegar a un consenso sobre como articular este proyecto. Los seis grandes bancos estaban citados en el despacho de Uría Menéndez para firmar la constitución de gestión de este proyecto, ya muy descafeinado sobre el plan inicial, pero BBVA faltó a la cita, aunque tenía hasta el 7 de abril para hacerlo.
La entidad que preside Francisco González ha sido la más exigente a la hora de participar en este proyecto, explican fuentes financieras. Admiten, no obstante, que tras desestimar la creación de un vehículo común en el que se iba a incluir a todas las empresas elegidas para su recapitalización (como defendían gran parte de los bancos) y optar por un modelo desmutualizado con la constitución de un instrumento para cada compañía que la banca vaya a salvar había accedido a participar en el proyecto, BBVA había dado su conformidad. El nuevo modelo, de hecho, había sido propuesto por este banco, ya que no estaba de acuerdo –lo mismo que CaixaBank– a mutualizar en una misma sociedad las empresas elegidas para su recapitalización. Pero, de momento, el banco azul no ha hecho acto de presencia en el despacho de Uría Menéndez, aunque lo hará, según aseguran.
El problema ahora es que considera que aún queda algún fleco en la forma de rescatar a General de Alquiler y Maquinaria (GAM), primera empresa que salva Phoenix, y BBVA quiere tener todo atado. El nuevo proyecto incluye la entrada de nuevos socios con deuda en la empresa a salvar, que en el caso de GAM, además de los seis grandes está Kutxabank y Liberbak, que han confirmado su participación en el vehículo creado solo para esta sociedad. Será con la firma de estas dos entidades cuando BBVA también firme el contrato. No quiere más sorpresas negativas, afirman fuentes del sector.
Bodegas Chivite y Condesa son las otras dos empresas elegidas para ser salvadas por los seis grandes. La gestión de estas empresas estará delegada en las firmas de N+1 y McKinsey, a través de una gestora independiente denominada Phoenix Asset Management, que estará integrada por un equipo especializado. La supervisión del proyecto se llevará a cabo mediante un comité de seguimiento, formado por representantes de cada una de las entidades financieras. Las relaciones entre estos bancos y el comité quedan reguladas por el acuerdo marco. La selección de las empresas a salvar se evaluará caso a caso y se hará por unanimidad entre los bancos, sociedad gestora y los accionistas de las propias compañías. Las participaciones provendrán de la capitalización que harán las entidades de la deuda bancaria no sostenible de las empresas.
Para vender una empresa los bancos tendrán la obligación de vender conjuntamente una de las participaciones siempre que uno de los socios reciba una oferta vinculante de compra que represente al menos el 50% de la sociedad. Este socio tendrá derecho a exigir a los demás la venta obligatoria de parte o la totalidad de sus participaciones para cubrir el porcentaje de capital objeto de la oferta, en las mismas condiciones que se venda las suyas.
