Editorial

Unas cuentas que se ajusten a la realidad

La larga crisis económica que ha vivido España ha puesto de relieve numerosas ineficiencias en el modo de gestión de las Administraciones públicas, especialmente en cuanto a elaboración y cumplimiento de los presupuestos. La sobredimensión de los ingresos fiscales al elaborar las cuentas anuales explica, por ejemplo, las dificultades de muchas comunidades autónomas para cumplir con su objetivo de déficit público. Desde 2008, las regiones han recaudado casi 50.000 millones de euros menos de lo presupuestado, una cifra que equivale a un desvío medio anual de 7.000 millones. Se trata de una brecha notable entre el papel y la realidad de lo ingresado, que solo puede compensarse con una corrección –también a la baja– del gasto público.

Un vistazo a los presupuestos de las comunidades autónomas revela que solo dos de ellas –Canarias y País Vasco– lograron el año pasado que sus ingresos superaran el 100% de lo presupuestado, mientras que una tercera, Galicia, se ajustó en un 99,9%. No es casualidad que estas comunidades, junto a Navarra, hayan sido las únicas regiones españolas que han cumplido con el 1% de objetivo de déficit fiscal marcado por Bruselas. En el otro extremo, las autonomías que han incumplido de forma más evidente esa exigencia lograron unos ingresos fiscales diez puntos por debajo de su previsión presupuestaria.

Las desviaciones en el cálculo de los ingresos se han justificado, entre otras razones, debido a que era difícil prever el grado de dureza del largo invierno económico que ha vivido nuestro país durante los últimos años. Pero el hecho de que las mayores brechas se hayan producido en los ejercicios de 2010 y 2011 hace difícil mantener esta explicación. Entre las razones de los errores cometidos en las previsiones está el incluir en el presupuesto ventas de inmuebles y de patrimonio autonómico que, en muchos casos, o no llega a materializarse en el ejercicio o se enajena por un valor inferior al plasmado en el papel. Lo mismo ha ocurrido con el capítulo de ingresos patrimoniales, que incluye recursos obtenidos por concesiones administrativas que aportan finalmente a las arcas regionales mucho menos de lo previsto.

Más allá de las razones concretas, lo que subyace a este desequilibrio entre los ingresos presupuestados y los realmente recaudados es una vieja lacra de las Administraciones públicas españolas: cumplir los objetivos en el papel y prescindir, al elaborar sus previsiones, de criterios de rigor y de efectividad. Pese a ello, hay excepciones notables. Además de las comunidades autónomas que han cumplido sus previsiones, el Estado central obtuvo el año pasado unos ingresos reales por encima de los presupuestados. Ese es el camino a seguir para optimizar la gestión pública y para cumplir con seriedad las firmes exigencias de Bruselas.

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