Brufau abandonará en abril todas las funciones ejecutivas en Repsol
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, asumirá en solitario en abril la totalidad de las funciones ejecutivas en la petrolera, responsabilidad que compartía con el presidente de la compañía, Antonio Brufau, desde abril del año pasado.
El Consejo de Administración de Repsol ha acordado proponer a la Junta de Accionistas el próximo 30 de abril la reelección de Antonio Brufau y Josu Jon Imaz como presidente y consejero delegado, respectivamente.
Está previsto que el Consejo de Administración acordará en la reunión que mantendrá ese mismo día y a petición de Brufau y de la Comisión de Nombramientos- “atribuir todas las funciones ejecutivas” al consejero delegado, según un informe de la Comisión de Nombramientos adjuntado a la convocatoria de Junta remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En el escrito se explica que, en abril de 2014, y tras considerar diferentes formas y aspectos de estructuras de gobierno societario, Repsol puso en marcha un programa de traspaso “ordenado y planificado” de las funciones ejecutivas, que incluyó el nombramiento de Imaz como consejero delegado.
Con el objetivo de asegurar “tanto la estabilidad de la empresa como el éxito de la consolidación del nuevo modelo de división de funciones”, se estableció una fase de transición en la que Imaz asumió la gestión ordinaria de los negocios y Brufau mantuvo, además de las funciones propias del cargo de presidente, funciones ejecutivas “adicionales”.
Durante 2015, la compañía ha continuado con la aplicación de este programa, según el documento, en el que se añade que está previsto que el Consejo de Administración acuerde el cierre del traspaso de funciones.
Según la misma fuente, Brufau -miembro del consejo en Repsol desde hace 18 años, 12 de ellos como presidente- “aúna de forma idónea” capacidades, experiencia y compromiso necesarios para liderar las “importantes funciones de supervisión” que le serán requeridas.
Respecto a Imaz, el informe concluye que desde su nombramiento como consejero delegado ha llevado a cabo una “certera” dirección de todos los negocios de Repsol, “hecho especialmente significativo dado el entorno de crisis provocado por la brusca caída de los precios del crudo”.
Repsol someterá al visto bueno de su junta de accionistas del próximo 30 de abril un cambio en sus estatutos que implica la retirada del blindaje estatutario aprobado hace un año en el que se elevaba al 75% el apoyo necesario del accionariado para una eventual escisión de las actividades de 'upstream' y 'downstream'.
Este blindaje, aprobado en la junta de accionistas del año pasado, fue considerado un movimiento para impedir que la petrolera mexicana Pemex, que por entonces tenía un 9,3% del capital y que ahora ha dejado de ser accionista significativo, pudiera promover una escisión de la compañía española.
En la información complementaria a la junta de este año, Repsol indica que someterá al visto bueno de los accionistas la eliminación de los puntos o) del Artículo 15 y del 2.g del Artículo 22, en los que se refuerzan las mayorías ante “la realización de cualquier operación” que tenga como objetivo hacer que la compañía deje de ser “una empresa integrada de hidrocarburos”.
Estos artículos prevenían de operaciones de “escisión, segregación a favor de terceros o enajenación” que provocasen la “separación o división” de los negocios de 'upstream' y 'downstream', o la liquidación de los activos incluidos en estas actividades.
Repsol ha decidido ahora retirar estas cautelas porque quedan “absorbidas por otras rúbricas más genéricas”, ya que la nueva ley “ha introducido una disciplica más severa en los conflictos de interés”. Por este motivo, “no parece necesario” mantener este tipo de exigencias de mayoría, que podrían restar flexibilidad a la compañía.
Conforme a la nueva legislación, las decisiones sobre posibles escisiones de activos que supongan más del 25% de la compañía requieren la convocatoria de junta de accionistas, al tiempo que al votarse las mismas no podrán participar los accionistas que puedan incurrir en conflicto de interés.
Hace un año, en la junta de accionistas en las que se aprobó el blindaje 'antiPemex', el presidente de Repsol, Antonio Brufau, advirtió que esta medida tenía por objetivo que “quien quiera tener una parte del negocio tendrá que hacer una OPA”, y aseguró que va dirigida a favorecer “la estabilidad institucional, los grandes consensos y proteger a las minorías”.