Hacienda dará un plazo de gracia a los morosos para evitar la lista negra
El Gobierno dará a conocer a empresas y personas con deudas superiores al millón de euros
El Gobierno insiste en su intención de publicar una lista de contribuyentes morosos con la Agencia Tributaria que afectará a personas físicas y empresas con deudas superiores al millón de euros. La medida, anunciada en diciembre de 2012 por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se incluirá en la reforma de la Ley General Tributaria que el Ejecutivo remitirá al Congreso en abril.
Durante un encuentro organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, señaló que los morosos recibirán una carta de la Agencia Tributaria antes de la publicación de la lista. Podrán presentar alegaciones y, en caso de que exista un error o de que abonen la deuda, sus nombres no se incluirán en el listado. El límite temporal será el 31 de julio de este año, es decir, los contribuyentes que en esa fecha hayan sobrepasado el plazo legal de pago de impuestos y mantengan deudas superiores al millón de euros figurarán en la lista de Hacienda. En ese momento, será cuando la Agencia Tributaria remitirá la misiva y ofrecerá un plazo para que se abonen los tributos pendientes o se presenten alegaciones. La lista definitiva, tras excluir los contribuyentes que hayan abonado la deuda, se publicará a finales de este año.
La medida finalmente entrará en vigor tres años después de anunciarse y fuentes de Hacienda señalan que se debe a que requiere de cambios normativos importantes, ya que supone romper la confidencialidad de la información tributaria. Además, el Ejecutivo está a la espera de un informe del Consejo de Estado. De momento, el Consejo General del Poder Judicial ya mostró sus reparos a la publicación de una lista de morosos en la medida en que se trata de declarantes que, en realidad, no han defraudado. Hacienda también plantea la publicación de un listado con el nombre de contribuyentes con sentencias firmes por delito fiscal. La lentitud de la Justicia en España provocará que aparezcan personas y empresas que defraudaron a Hacienda una década atrás.
Más allá de la lista de morosos, la reforma de la Ley General Tributaria incluye otras medidas relevantes como el incremento de los plazos para los funcionarios de la Agencia Tributaria cierren una inspección. Actualmente, el límite es, con carácter general, de 12 meses y se ampliará a los 18 meses. A cambio, se detallarán los supuestos que permiten que los inspectores suspendan los plazos, un punto que actualmente genera una gran litigiosidad.
El ‘informe país por país’ excluye las filiales extranjeras
El Ministerio de Hacienda publicó ayer el borrador del reglamente del nuevo impuesto sobre sociedades que se aprobó a finales de diciembre en el marco de la reforma fiscal. Una de las principales novedades es la obligación para las grandes multinacionales de entregar a Hacienda el llamado “informe país por país”, que incluye datos fiscales y de actividad que una compañía realiza en todas las jurisdicciones. Como ya avanzó Cinco Días el pasado 16 de febrero, el nuevo requisito se exigirá a compañías que presenten una facturación superior a los 750 millones.
La medida se enmarca en el proyecto BEPS que impulsa la OCDE y que persigue evitar el uso de mecanismos para transferir los beneficios a territorios de baja tributación y, por lo tanto, erosionar las bases imponibles nacionales.
España es el primer país que incorpora la obligación en su normativa y entrará en vigor en el ejercicio 2016, lo que significa que las empresas entregarán el informe país por país en 2017.
Ferre señaló que la documentación será exigible a compañías que facturen más de 750 millones y que tengan la sociedad dominante en España. En principio, las filiales presentes en el país y dependientes de grupos multinacionales extranjeros no tendrán la obligación de remitir el informe país por país. Ferre explicó que, en estos casos, será la matriz quien entregará la documentación a la Administración tributaria de su Estado de residencia y, éste, enviará posteriormente la información a la Hacienda española. En cualquier caso, Ferre indicó que cuando no exista intercambio de información automática entre países, la Agencia Tributaria exigirá la información de todo el grupo a la filial extranjera.
El informe país por país supone de alguna forma desnudarse ante Hacienda. Debe incluir datos como los ingresos brutos del grupo por cada territorio en el que opera, los impuestos abonados en el extranjero, la plantilla media en cada Estado, los derechos de crédito o las inversiones inmobiliarias, entre otras variables. Con esta información, Hacienda tendrá un valioso documento para detectar planificaciones fiscales agresivas o la utilización de operaciones entre filiales del mismo grupo para rebajar la factura tributaria. Por otra parte, Bruselas presentó ayer la propuesta de obligar a los Estados miembros al intercambio automático de información sobre acuerdos tributarios (tax rulings) con multinacionales.
Los inspectores denuncian que el control fiscal se centra en los asalariados
El presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda, Ransés Pérez Boga, lamentó ayer que la presión por elevar los ingresos fiscales lleva a la Agencia Tributaria a optar por la vía más sencilla de incrementar las actuaciones contra los pequeños contribuyentes. Señaló que Hacienda cuenta con multitud de información sobre los asalariados y le resulta muy sencillo –“basta apretar un botón”– detectar posibles irregularidades.
Pérez Boga explicó que esta estrategia “cortoplacista” se agotará e indicó que si se pretende seguir aumentando la recaudación por la lucha contra el fraude fiscal, que el año pasado aportó 12.300 millones, es necesario redirigir la mirada hacia las empresas. El presidente de los inspectores de Hacienda insistió en reclamar también medidas más expeditivas. Así, propuso establecer retribuciones para los contribuyentes que denuncien fraudes tributarios. También, reclamó que la Agencia Tributaria cuente con más medios y pueda involucrarse en la lucha contra la corrupción. En este punto, la organización reclama que se cree un órgano único que aglutine a los distintos estamentos que actualmente tienen competencia en este ámbito.
Otra de las críticas de Pérez Boga fue la politización de la Agencia Tributaria. Señaló que el 40% de los funcionarios ocupan puestos de libre designación, lo que genera inseguridad entre sus empleados. Señaló que para asegurar la independencia resultaría necesario que los inspectores no tuvieran la sensación de jugarse el puesto que ocupan en el organigrama por incomodar a un alto cargo.