¿Podría acabar 'Podemos' con la corrupción?

Por Jaime Sabal, Profesor del Departamento Economía, Finanzas y Contabilidad de ESADE Business and Law School (@jaimesabal)

Día tras día aparecen en la prensa casos de corrupción de funcionarios ligados al mundo de la política. La gente se siente ofendida y exige que se tomen medidas efectivas para que la corrupción desaparezca, que se castigue severamente a los corruptos. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos reaccionar?

Según las encuestas vemos cómo muchos ciudadanos piensan que la solución es apoyar a Podemos. Supongo que han llegado a la conclusión de que, de llegar al poder, los políticos de esta organización tendrían un comportamiento diferente. Que con toda seguridad serían muy honestos y pondrían los intereses de los ciudadanos por encima de todo lo demás. En mi opinión, ésta es una suposición ingenua que ignora las verdaderas causas de la corrupción.

Pienso que la corrupción en España tiene dos causas muy importantes: el sistema de justicia y el tamaño del estado. Comencemos por el sistema de justicia. Hay una sensación generalizada de que la justicia no es imparcial y de que no se castiga a los corruptos con suficiente rapidez y fortaleza. De ser así, lógicamente la solución es que la clase política tome medidas para corregir esta situación. Los cambios podrían ser realizados por la misma clase política que nos gobierna, si al verse seriamente amenazada, ésta finalmente reaccionase ante la gravedad de la situación.

Pero si los líderes actuales no fuesen capaces de hacerlo, tendría que surgir una nueva generación de políticos que esté dispuesta a hacer los cambios necesarios. Y como explicaremos, lo peor que podría pasar es que los políticos de Podemos tengan algo que ver con esa generación de relevo.

Sin minimizar la importancia que reviste el sistema de justicia, estoy convencido de que la principal causa de la corrupción es el tamaño de la Administración Pública. Todo funcionario con discrecionalidad para disponer de fondos públicos está tremendamente tentado de utilizarlos para su propio beneficio: en una forma sutil, como por ejemplo dirigiendo los recursos hacia quien luego podrá “pagarle” el favor a nivel personal; o simplemente apropiándose del dinero.

¿Acaso esto significa que no existen funcionarios honestos? Claro que sí. La enorme mayoría de los funcionarios son honestos, al igual que la enorme mayoría de los trabajadores privados también lo son. Lo que pasa es que no se puede controlar a los funcionarios públicos con la misma efectividad que a los trabajadores del sector privado.

Quien trabaja para la empresa privada administra recursos de los accionistas. Por tanto, éstos tienen un interés personal en que el dinero no se pierda y esté bien administrado. Ello es así en toda empresa privada pero funciona mucho mejor en las empresas pequeñas, como las farmacias y los bares, en las que los dueños están directamente involucrados en la administración. Funciona menos bien en las grandes empresas, donde los accionistas están más alejados del quehacer de la compañía (pensemos en muchos bancos y las grandes empresas eléctricas, telefónicas, etc.)

Pero donde funciona muy mal es en el sector público y en las empresas dominadas por el Estado. Allí los funcionarios están a cargo de recursos que pertenecen a todos los españoles, pero somos tantos y estamos tan lejos de lo que hacen los políticos con nuestro dinero que para todo efecto práctico nos es imposible controlar su uso.

El control recae en otros entes públicos (el sistema judicial, la policía). Pero estas entidades son administradas por funcionarios que, por más correctos y responsables que sean, nunca tendrán la misma motivación a vigilar lo que ocurre con los fondos públicos que la que tiene un inversor privado a vigilar lo que ocurre con su propio dinero.

La corrupción a nivel gubernamental nunca desaparecerá pero puede controlarse si se reduce el número de funcionarios y el tamaño del Estado. La forma de hacerlo es traspasando todo lo público que se pueda a la iniciativa privada. Bien eliminando al estado empresario y privatizando los puertos, aeropuertos, el correo y todo aquello que sea realmente un negocio; o bien privatizando la gestión de muchos servicios públicos como la salud, el transporte y la educación.

Los líderes de Podemos tienen sus orígenes en la extrema izquierda que, por definición, cree que la solución de todos los problemas pasa por un Estado más grande y poderoso. Es por ello que las propuestas de esta organización van justo en la dirección equivocada. Un gobierno de Podemos no sólo ralentizaría el crecimiento de la economía y la creación de empleo sino que aumentaría dramáticamente el tamaño de la Administración Pública. De modo que, más temprano que tarde, terminaríamos con un gobierno mucho más podrido. En fin, apoyar a Podemos significa apostar por una extrema izquierda que no garantiza en modo alguno el fin de la corrupción.