Claridad fiscal con la cuenta vivienda
Entre la actividad habitual y bien conocida de la Agencia Tributaria se incluyen miles de comprobaciones anuales a contribuyentes en busca de presuntas irregularidades y fraudes. Es el caso, entre otras muchas, de las realizadas a aquellos titulares de cuentas vivienda que accedieron a los beneficios fiscales ligados a este producto financiero y que, finalmente, ni compraron casa ni devolvieron el dinero. La decisión del organismo de revisar ese beneficio fiscal en el ejercicio 2010 –e incluir en esa revisión a quienes abrieron su cuenta vivienda en 2004– ha generado polémica entre distintos asesores fiscales. La razón es que, a juicio de estos profesionales, de comprobarse la existencia de esos incumplimientos, la irregularidad ya habría prescrito. Un criterio que la Agencia Tributaria, sin embargo, no comparte.
La razón de esta disparidad de opiniones tiene que ver con un real decreto, aprobado en 2008, que permitió a aquellos contribuyentes que tuvieran como fecha límite ese año para comprar su vivienda poder ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre de 2010. Tras esa modificación, el plazo de prescripción para investigar a quienes contrataron su cuenta en 2004, pero no compraron un inmueble y no devolvieron el dinero, finalizaría en junio de 2015. Ese es el motivo por el que, a juicio de Hacienda, estos contribuyentes pueden ser aún revisados y sancionados.
Más allá del debate técnico-normativo que subyace a ambas posturas, la existencia de una modificación temporal como la que introdujo el real decreto de 2008 puede generar –y lo está haciendo– dudas que pongan en cuestión la transparencia, claridad y seguridad jurídica que debe caracterizar toda actividad sancionadora de la Administración. La deducción por compra de vivienda, como muchos otros incentivos fiscales, ha suscitado fraudes e irregularidades diversas que deben ser investigados, comprobados y sancionados. Buena parte del oxígeno que alimentó la burbuja inmobiliaria, cuyo estallido ha tenido tan graves consecuencias para la economía española, tiene que ver con los efectos de este incentivo, que se eliminó para nuevos compradores en 2013. Datos como el que revela que más de 280.000 contribuyentes declararon aportaciones a su cuenta vivienda en 2004 y que 4,6 millones se benefician todavía de esta deducción permiten vislumbrar el impacto en el mercado y en la propia recaudación.
Las obligaciones tributarias son un campo especialmente activo de legítimo debate y disparidad de criterios entre la Administración y los contribuyentes. Pero precisamente por ello es necesario clarificar aquellas dudas o zonas grises de la normativa fiscal que contribuyan a facilitar interpretaciones que amparen el incumplimiento de los deberes que todos los españoles tenemos con Hacienda.