La UE amenaza a seis regiones por gravar a las grandes superficies
Las comunidades autónomas recaudan 250 millones al año por este tributo Rechazan que haya "ultimatum" y dicen que solo se les ha pedido más información
La batalla por el tributo que seis autonomías cobran a las grandes superficies comerciales acaba de empezar. Bruselas no está dispuesta a que siga en vigor un impuesto que considera discriminatorio. Así se lo hizo saber a los representantes de esas regiones una delegación de la Comisión Europea, encabezada por Karl Soukup, con la que mantuvieron una reunión el pasado martes en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Los técnicos de la Comisión les trasladaron sus preocupaciones por un impuesto que consideran discriminatorio y no ajustado al derecho comunitario. “Consideramos que exonerar a ciertos comercios o ciertos comerciantes de un impuesto sobre la superficie es equivalente a una concesión de ayuda estatal a quienes están exentos del impuesto”, rechazó la carta remitida por Bruselas, fechada el 26 de febrero y a la que ha tenido acceso CincoDías, en la que también se consideraba que dichas exenciones “no han sido justificadas dentro de los objetivos medioambientales o de desarrollo urbano en los que encuentra su justificación el impuesto sobre la superficie”.
En la actualidad, hay seis autonomías (Cataluña, Navarra, Aragón, Canarias, Asturias y La Rioja) que cobran ese tributo y por el que habrían ingresado 250 millones en 2014, según cálculos empresariales. El equipo liderado por Soukup, según fuentes presentes en la reunión, dio un plazo de tres semanas (hasta el 31 de marzo) para que las autonomías ofrezcan una solución “compatible” con el marco de la ayuda estatal. En caso contrario, amenazó con la apertura de una investigación formal. “Lo más probable es que el resultado de nuestra investigación sea negativo, con la consecuente orden de recuperación para la ayuda concedida en el pasado”, subrayó la misiva. Dicho de otro modo, Bruselas plantea dos alternativas: o gravar a todas las superficies para evitar que el impuesto discrimine a unas frente a otras en función de su superficie o devolver el dinero a las grandes con carácter retroactivo.
“No ha existido ultimátum”
Un planteamiento que rechazan las autonomías afectadas, que rebajan el tono de la amenaza transmitida desde Bruselas y que señalan que lo único que se les pidió fue más información “para tratar de armonizar el impuesto” y conocer más en detalle las exenciones que se aplican. Fuentes del Ejecutivo catalán precisan que el tributo tiene un carácter estrictamente medioambiental y que lo único que se les ha solicitado es “información adicional” sobre las exenciones y las bonificaciones que se aplican. “Es el caso de los concesionarios de venta de vehículos, que ocupan una gran superficie, pero que contaminan mucho menos al ser mucho menos frecuentados que una gran superficie”, subrayan.
Desde el Gobierno asturiano también reniegan la palabra ultimátum y aclaran que se ha pedido información adicional sobre la estructura del tributo. “En nuestro caso no solo gravamos a las grandes superficies. El tributo se aplica a establecimientos colectivos de más de 4.000 metros y lo que se grava, sobre todo, es el metro cuadrado de aparcamiento”, precisan. Estas mismas fuentes recalcan que luego es el gestor de ese establecimiento el que se encargará de cobrar a cada uno de los comercios.
¿Quién, cómo y a quién le cobra?
P¿Desde cuándo se aplica y qué comunidades se benefician del impuesto?
R. La primera comunidad que lo aplicó fue Cataluña, cuyo Parlamento lo aprobó en 2000. El tributo fue recurrido por el Gobierno central y finalmente el Constitucional lo fijó como legal a mitad de 2013. En la actualidad, hay otras cinco autonomías que lo incluyen en sus presupuestos:Canarias (desde 2012), La Rioja (2012), Navarra (2013), Aragón (2007) y Asturias (2002).
P¿Cuánto dinero recaudan esas seis regiones?
R. Cálculos empresariales estiman que la recaudación habría sido de 250 millones. Sin embargo, los ingresos son sensiblemente inferiores, puesto que la comunidad que más ganaría (Canarias, con 107,7 millones) no lo ha aplicado todavía pese a haberlo aprobado desde 2012.
P¿Qué grava el impuesto a las grandes superficies?
R. Establece un gravamen en función de los metros cuadrados que tengan, aunque con matices. Aragón y Cataluña gravan la suma de la superficie de venta, la destinada a otros usos y la de aparcamiento; Navarra la superficie de venta y el aparcamiento; Asturias tan solo el aparcamiento y Canarias y La Rioja la superficie de venta.
P¿Qué argumentan desde las grandes empresas que pagan este impuesto?
R. La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), que agrupa a 18 grandes empresas como Leroy Merlín, Ikea o El Corte Inglés, es la que ha liderado la batalla ante Bruselas. Cree que es discriminatorio, que ya pagan otros tributos por contaminar y que el impuesto se lleva el 35% del beneficio.
