Podemos propone subir los impuestos y un ‘catastrazo’

El programa electoral apuesta por subir impuestos a las rentas altas e incrementar el gasto público

La candidata de Podemos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Teresa Rodríguez.EFE

Con una estructura territorial todavía precaria, Podemos ha presentado este miércoles el programa electoral para las elecciones andaluzas del próximo 22 de marzo. Serán los primeros comicios tras convertirse en el partido revelación en las elecciones europeas del año anterior. Su candidata, Teresa Rodríguez, ya ha dejado su cargo como eurodiputada. La formación de Pablo Iglesias reconoció que el adelanto electoral anunciado por la presidenta de la Junta y candidata del PSOE, Susana Díaz, les había pillado con el pie cambiado. Aun así, señalan que aspiran a ser la formación más votada y pretenden demostrar su fortaleza llenando el velódromo de Dos Hermanas en el mitín de final de campaña. Esta instalación, donde el PSOE realiza sus principales actos, tiene una capacidad para 18.000 personas.

El programa electoral, que cuenta con 433 medidas, apuesta por realizar una auditoria de la deuda y de la gestión pública, detener los desahucios a través de la declaración del “estado de emergencia habitacional”, garantizar el suministro de servicios básicos como el agua o la electricidad y subir los impuestos a las rentas altas a través de modificaciones en el impuesto sobre el patrimonio y el de sucesiones y donaciones.

Auditoría pública y privada

Se trata de una de las medidas que recibió más apoyos de las bases de Podemos. La formación liderada por Pablo Iglesias propone realizar una auditoria de la gestión pública y de las cuentas andaluzas, antes los “continuados desmanes urbanísticos y los gravísimos casos de corrupción”. Durante la rueda de prensa, Rodríguez ha señalado que pretenden analizar de donde procede la deuda de Andalucía, que actualmente asciende al 22% del PIB. En cualquier caso, el programa electoral en ningún momento aborda una posible quita o reestructuración del pasivo. La auditoría en la gestión pública también se trasladaría en la propuesta de Podemos al sector privado dedicado a la “prestación de suministros básicos como la gestión del agua o el sanitario”.

Subir los impuestos

Podemos no realiza ninguna mención al IRPF, el impuesto más relevante sobre el que la comunidad tiene una amplia competencia. Sin embargo, sí indica que apuesta por subir los impuestos a las rentas más altas y, ante la imposibilidad de que una comunidad cree un tributo sobre la riqueza de nuevo cuño, defienden incrementos en el impuesto sobre el patrimonio y el de sucesiones y donaciones. También son partidarios de actualizar los valores catastrales, lo que permitiría elevar los ingresos por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Desahucios

Podemos defiende que la Junta de Andalucía tendría competencia para detener todos los desahucios si aprobara una “ley de emergencia habitacional”. Se compromete a “asegurar mediante ley un mínimo vital de subsistencia de los suministros de agua, luz y gas”. En el ámbito inmobiliario, también propone “impulsar el alquiler y el derecho al uso de casas vacías propiedades las administraciones y entidades financieras”. Apuestan por crear una agencia pública de mediación en materia de vivienda para aquellos contribuyentes que no puedan pagar su hipoteca. El programa electoral habla de “reestructuraciones” de deuda privada, aunque omite el término quita.

Gasto social

Todo el proyecto político de Podemos gira en torno a incrementar el gasto social. Así, aseguran que se elevará el gasto en sanidad y educación hasta los niveles europeos.

Modelo productivo

En el ámbito económico, Podemos hace hincapié en algo también defiende el resto de partidos: incrementar el peso de la industria en la economía andaluza. Señalan que pondrán los recursos de la comunidad al servicio de la financiación de proyectos empresariales “sostenibles” e impulsarán las actividades ligadas a la investigación y el desarrollo.

Participación

Podemos defiende que la iniciativa popular puede obligar a la celebración de un “referéndum revocatorio” para apartar de su puesto a un cargo público.