Las petroleras recurrirán el fondo de eficiencia creado por Industria
Sirve para financiar programas de ahorro del IDAE Las afectadas creen que se pueden utilizar otros mecanismos de ahorro
El fondo que el Gobierno creó el año pasado para trasponer la directiva europea sobre eficiencia energética de 2012, y que supone el pago de entre 200 y 300 millones de euros por parte de las empresas energéticas, ha encendido los ánimos de las contribuyentes, especialmente de las petroleras. El reparto del fondo correspondiente a este año figuraba en una propuesta de orden que el Ministerio de Industria publicó el 3 de febrero y para el que las afectadas dispusieron de 10 días para alegar.
Fuentes del sector aseguran que tras las alegaciones, la lista definitiva de empresas y las cantidades a pagar por cada una cambiarán radicalmente debido a errores en los datos sobre ventas y la clasificación de las compañías. Inicialmente, en la lista figuraban unas 600 comercializadoras de gas y electricidad así como operadores al por mayor de de productos petrolíferos y de butano, de los cuales, más de 200 estaban exentos de pago. Las aportaciones sumaban un total de 255 millones de euros que, según el Gobierno, servirán para que el IDAE ponga en marcha mecanismos “que permitan aumentar la eficiencia en distintos sectores” y lograr así el objetivo de ahorro que la CE ha establecido, en el caso de España, en el 1,5% de las ventas de energía anuales hasta 2020.
La versión definitiva de la orden ministerial, que pasó el jueves por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, debe publicarse esta semana ya que el plazo del primero de los pagos de este año termina este sábado, día 28 (hay otros dos: el 30 de abril y el 30 de junio).
Entre tanto, los servicios jurídicos de las petroleras (los grupos Repsol y Cepsa encabezan el ranking de este sector, con casi 77 millones y más de 25 millones, respectivamente)se preparan para recurrir ante los tribunales un sistema que, en su opinión, es contrario a la normativa española y comunitaria. Ya el año pasado, la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP) recurrió la resolución de Industria con las aportaciones del fondo para 2014.
Uno de los argumentos que se esgrimen es que las obligaciones para con el fondo (una aportación proporcional a la energía vendida dos años antes), son en realidad un tributo y estos deben incluirse en normas con rango de ley. Por otro lado, la transposición de la directiva de eficiencia energética se hizo a través del Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, y de la ley 18/2014, de 15 de octubre, pero solo recogió algunos aspectos de la directiva, cuando esta ofrece distintas opciones. Además, mientras esta se refiere a las distribuidoras al por menor, el RDL incluye a las operadoras al por mayor.
La directiva permite acciones de ahorros mediante la compra de certificados blancos, lo cual permitiría a las empresas pagar ahorrando “y no únicamente financiar unos programas del IDAE, que, por cierto, aún no ha publicado”, señalan en una compañía. Otras fuentes consideran que el Gobierno ha optado por la reducción de emisiones y las aportaciones económica al fondo en lugar de los certificados que, aunque plantean problemas administrativos, “serían más eficaces y tendría más sentido desde el punto de vista económico”.
Las eléctricas ya no pagan solas
Antes de la aprobación de la directiva sobre eficiencia energética, que entró en vigor en 2012, ya existía un fondo para la financiación del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que pagaban las grandes eléctricas y anteriormente los consumidores eléctricos a través de los peajes.
El RDL 8/2014 para la trasposición de la citada directiva amplió la obligación de financiar el fondo a otros agentes, esencialmente a las petroleras, en proporción a sus ventas. Este reparto contentó a las eléctricas que han visto reducir sus aportaciones de una manera notable. Endesa, por ejemplo, redujo sus pagos de más de 100 millones de euros en 2013 a 28 millones en 2014. Por contra, las filiales Repsol aportaron 21 millones el año pasado, una cifra que se convierte en casi 77 millones en 2015, según la propuesta de orden ministerial.
Como el año pasado a las empresas no se les ofreció la posibilidad de alegar sobre posibles errores, las alegaciones que han presentado este mes se refieren tanto a los del año pasado como a los de este año. Así, en el caso de Repsol, esta ha denunciado que, de esos 21 millones de euros, 19 millones se atribuyeron a Repsol S.A., que no es un operador al por mayor (sí lo es Repsol Comercial). Entre los errores del año pasado y los advertidos este año, la petrolera considera que le correspondería aportar solo entre 40 y 45 millones de euros.
Cepsa aportaría, según la lista provisional, más de 25 millones de euros;Galp, casi 22 millones y Disa unos siete millones, casi 22 millones Galp. Entre las grandes eléctricas, que también han alegado multitud de errores, figuran en los primeros puestos, además de Endesa, Gas Natural Fenosa, con 25,6 millones e Iberdrola, con 23 millones.
Sobre la firma