Las empresas de servicios urbanos abren la batalla legal contra la CNMC
Han tenido claro desde el principio que recurrirían la que ha sido calificada como correctivo histórico del regulador de Competencia, de 98 millones de euros por reparto de mercado desde 1999, y las empresas de servicios urbanos han comenzado a librar su guerra con la CNMC en la Audiencia Nacional.
Las afectadas por la resolución del pasado enero son 39 empresas y tres asociaciones, enfocadas todas ellas hacia la gestión de residuos y saneamiento urbano. Las más señaladas por el regulador fueron Urbaser (ACS), con 23,3 millones de multa; FCC, con 16 millones; Valoriza (Sacyr), que fue sancionada con 15,3 millones, y Cespa (Ferrovial), que se llevó una pena de 13,6 millones. Fuentes del sector aseguran que esta última tiene ya presentado su recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional. Las filiales de Sacyr y ACS aseguraron que andarían el camino de los tribunales y en estos momentos ultiman sus apelaciones.
El plazo para recurrir ante la justicia ordinaria concluye el 15 de marzo y se prevé un notable número de demandas. Entre las compañías cunde la impresión de que la resolución peca de “extremadamente frágil y mal justificada”. De los aspectos señalados por la CNMC ha sorprendido la opinión contraria al reparto de las licitaciones públicas a través de la presentación de ofertas bajo la figura de una UTE (Unión Temporal de Empresas). El hecho es que esta fórmula de asociación está aceptada por la Ley de Contratos del Sector Público y es habitual en los concursos de obras y servicios tanto en España como fuera.
Otro punto que ha escocido especialmente a las multadas es el de la oposición del regulador a las recomendaciones colectivas que atribuye a la patronal Aselip, y distintas empresas, para que las licitaciones de ayuntamientos morosos quedaran desiertas. “Las administraciones han debido cientos de millones a las empresas de servicios, que simplemente avisaban al sector cuando abandonaban un contrato y el porqué, normalmente por la insolvencia de un Ayuntamiento”. Fuentes pertenecientes al frente de empresas coinciden al valorar que la CNMC se ha puesto, con su resolución, del lado de las Administaciones que incumplen tanto la Ley de Morosidad como los propios contratos.
Acusaciones
- La CNMC ve probada la práctica global concertada de reparto del mercado. Las 39 empresas sancionadas respetaban los clientes de sus competidores, se repartían los nuevos y cruzazan información comercial. Entre las pruebas hay correos electrónicos de directivos.
- Los sectores afectados son la gestión de residuos industriales, recuperación de papel y cartón, y el saneamiento urbano.
- La CNMC destaca prácticas prohibidas en Madrid entre 2011 y 2013.
Grandes grupos como Ferrovial, FCC, ACS o Sacyr han llegado a soportar impagos millonarios de la Administración local que han ido cubriéndose a golpe de planes de pago a proveedores.
Las denuncias ante la Audiencia Nacional, en busca de desmontar la acusación de reparto de mercado, también pondrán de manifiesto los numerosos recursos de las empresas que pierden en los concursos públicos, frente a la acusación de que tienen un compromiso para respetar los clientes; las denuncias de unas compañías a otras; las bajas en las ofertas, e incluso la reciente batalla por la recogida de la basura de Madrid librada principalmente por ACS, Ferrovial y FCC, o la pérdida de ACS de buena parte de sus contratos de limpieza viaria en la capital.
UPyD y PP se enzarzan por los contratos de Madrid
La sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a las 39 empresas de servicios urbanos dio pie el viernes a un fuerte enfrentamiento en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. El portavoz de UPyD, David Ortega, criticó un supuesto sobrecoste del 25% en la contratación municipal para favorecer a “los amigos de Génova”, ante lo que la alcaldesa Ana Botella amenazó con acudir a los tribunales.
Ortega aludió al citado informe de Competencia y calculó un posible sobrecoste de 375 millones en adjudicaciones en la ciudad de Madrid por 1.500 millones a cuatro empresas que se encuentran entre las sancionadas. La cifra sale de fórmulas de la propia CNMC en las que se explica que la falta de competencia produce sobrecostes por un 25% en la contratación pública.
Botella defendió el modelo de contratación del Ayuntamiento, basado en el agrupamiento de servicios y áreas de la ciudad, y recordó que ha reducido el coste de los servicios. Uno de los ejemplos a lo largo de la presente legislatura fue el de la concentración del Servicio Público de Limpieza de viales públicos y jardines en un solo concurso, dividido en cuatro áreas de la ciudad y valorado en 2.300 millones de euros. Sacyr, Ferrovial, FCC y OHL fueron los adjudicatarios, desplazando a Urbaser, del grupo ACS, después de que fueran unificados 39 contratos con el declarado objetivo de ahorrar 256 millones de euros.
La alcaldesa Ana Botella también subrayó el viernes que la práctica del Ayuntamiento no ha sido puesta en tela de juicio por la CNMC, siendo, en todo caso, parte perjudicada por las prácticas de reparto de mercado.
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