Editorial

Un objetivo difícil, pero irrenunciable

La deuda pública española sigue creciendo a un ritmo elevado –186 millones de euros al día– aunque menor que el registrado en los últimos cinco años. Este indicador, que mide lo que adeudan la Administración central, la Seguridad Social, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, cerró el cuarto trimestre de 2014 con un nuevo récord en términos absolutos: 1,033 billones de euros, el equivalente al 97% del PIB. Los datos, publicados ayer por el Banco de España, revelan que el pasivo de las administraciones públicas españolas creció en casi 68.000 millones en el último año, hasta sumar un montante que casi se ha triplicado desde el comienzo de la crisis. La desaceleración de ese ritmo alcista en 2014 – en 2013 era de 205 millones al día– constituye un claro reflejo de la rebaja que ha experimentado nuestra prima de riesgo, así como del menor peso que supone el pago de intereses sobre el conjunto del pasivo.

Hay que remontarse a principios del siglo pasado para encontrar un momento en que la deuda pública española superase o rozase la línea del 100% del PIB y hasta finales del anterior para que alcanzase su umbral máximo, por encima del 150%. Pese a que España tenía un envidiable ratio del 36% en 2007, los enormes desequilibrios financieros acumulados por las administraciones públicas en los años de vacas gordas, los efectos depresores de la crisis económica, la necesidad de inyectar liquidez a las regiones y el crecimiento exponencial de la prima de riesgo española –que tocó máximos en 2012– han ido elevando rápidamente ese ratio en el último lustro. Pese a ello, la deuda pública en 2014 cierra en seis décimas menos de lo previsto por el Gobierno, una mejora que se explica por varias circunstancias. Por un lado, el rápido retorno de la prima de riesgo a niveles soportables, unida a la intervención del Banco Central Europeo (BCE) y al estricto ajuste fiscal que ha realizado España para cumplir con los objetivos de Bruselas. Por otro, el papel decisivo que ha jugado el cambio metodológico introducido a mediados del pasado ejercicio en el PIB por imposición de la Comisión Europea.

Aunque esa mejora constituye un espaldarazo a la política de consolidación fiscal, España debe alejar su ratio de deuda pública del límite psicológico del 100% y no perder de vista el horizonte – difícil de alcanzar a corto plazo– que Bruselas ha marcado dentro de los objetivos de estabilidad de la zona euro, que es del 60%. Para avanzar hacia ese objetivo es necesario que se conjuguen varios factores: continuar con el ajuste de gasto público, avanzar en la recuperación económica con tasas de crecimiento constantes y sostenidas y un entorno de estabilidad que mantenga el bono español en niveles aceptables. A ello hay que sumar una tarea ineludible: seguir flexibilizando y liberalizando una economía cuyo máximo reto es crecer.

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