La inmobiliaria reclama 1.576 millones

El Supremo delibera hoy sobre el caso de Martinsa contra Jove

Fernando Martín y Manuel Jove, en 2007.
Fernando Martín y Manuel Jove, en 2007.

Con la liquidación de Martinsa Fadesa sobre la mesa de los consejos de administración de varias entidades financieras, el Tribunal Supremo delibera hoy a cerca de la demanda de la inmobiliaria contra Manuel Jove y Antonio de la Morena, expresidente y consejero delegado de Fadesa. El Supremo es la última gran baza que Martinsa guarda para convencer a sus acreedores de aprobar su nueva propuesta de convenio.

La compañía presidida por Fernando Martín reclama 1.576 millones de euros por considerar que en la venta de Fadesa a Martinsa –a mediados de 2007, en una operación valorada en 4.045 millones de euros– se incluyeron activos inflados de precio y de dudosa calificación urbanística valorados de forma incorrecta.

En julio de 2008 Martinsa Fadesa se declaró en concurso de acreedores, el mayor en la historia empresarial española, con una deuda aproximada de 7.000 millones de euros. En 2011 la compañía logró aprobar una propuesta de convenio de acreedores, pero en los dos últimos años Martinsa no ha sido capaz de cumplir con ciertos compromisos de pago (39 millones en 2013 y 451 millones en 2014).

En marzo de 2011 la junta de accionistas de Martinsa Fadesa aprobó ejercer acciones de responsabilidad social contra Jove y De la Morena y reclamar los 1.576 millones de euros. En febrero de 2012 el juez del concurso de Martinsa rechazó la reclamación de la inmobiliaria, que recurrió a la Audiencia Provincial. La Audiencia Provincial de A Coruña desestimó la demanda en enero de 2013 y la compañía presentó recurso ante el Supremo.

El pasado 30 de diciembre el grupo envió al juez del concurso una nueva propuesta de convenio que de no ser aprobada por el 75% de los acreedores con créditos ordinarios supondría prácticamente su liquidación.

Para la compañía, con una deuda concursal de 6.602 millones, la baza del Supremo es de vital importancia. Pero si perdiera podría ser condenada al pago de costas que, estiman fuentes jurídicas, ascenderían hasta un máximo de 60 millones, cantidad que prácticamente dejaría sin recursos a la inmobiliaria.

Deliberación y votación

De acuerdo a fuentes jurídicas la sala del Supremo que delibera sobre el caso podría votar hoy mismo; la sentencia se conocerá más adelante. La sala del Supremo que juzgará sobre la demanda contra Jove y De la Morena tendrá como ponente a Rafael Sarazá.

El magistrado, natural de Córdoba, 1960, fue nombrado juez de lo Civil del Tribunal Supremo por el Consejo General del Poder Judicial en octubre de 2012. En febrero 2013 fue el único magistrado del Supremo en comunicar formalmente su respaldo a la huelga convocada por jueces y fiscales para protestar contra las reformas legislativas del entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.

En la deliberación y votación se abstendrá de participar el juez Sebastián Sastre Papiol, de acuerdo a las fuentes consultadas.

Sastre Papiol fue designado el 29 de noviembre de 2012 magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo por el pleno del CGPJ. Hasta entonces era el responsable de Asesoría Jurídica de La Caixa y participó en la negociación del convenio de Martinsa Fadesa en representación de la entidad.

Claúsula de mejora

"Como es de público conocimiento, Martinsa Fadesa tiene entablado a la fecha un procedimiento judicial contra D. Manuel Jove Capellán y D. Antonio de la Morena en exigencia de responsabilidad de administradores (...) del que podrían resultar ingresos extraordinarios para la concursada de obtenerse un resultado favorable”, dice, bajo el epígrafe Cláusula de mejora, la nueva propuesta de convenio presentada el pasado 30 de diciembre por Martinsa Fadesa al juzgado mercantil de A Coruña, a la que ha accedido este diario.

La compañía indica que como cláusula de mejora de la recuperación de los créditos de todos los acreedores ordinarios, “se obliga de forma irrevocable a transmitir todos los derechos de crédito derivados del señalado procedimiento judicial (...) comprometiéndose al efecto a otorgar poder tan amplio como en Derecho sea necesario (...)”.

Martinsa Fadesa precisa en la propuesta de convenio que se deducirían los siguientes importes: el necesario para atender los créditos con privilegio general de las Administraciones Públicas que a día de hoy “son inferiores a 70 millones de euros”. Y un 6% de los derechos de crédito resultantes de la sentencia que se dicte para atender “necesidades de Tesorería de la compañía (entre las que se incluye el pago de los gastos del proceso)”.

La inmobiliaria propone para el pago de deuda ordinaria una propuesta de pago única y determinada para los acreedores financieros y dos alternativas de pago para los acreedores no financieros. A las entidades la empresa ofrece formar parte de su capital y dación en pago de activos. A los acreedores no financieros ofrece un pago con quita, no especificada, en espera máxima de nueve años. Fuentes financieras consultadas no ven “técnicamente viable” la propuesta.