Editorial

Más control fiscal para la gran empresa

El Gobierno estudia obligar a las multinacionales a informar a Hacienda sobre sus actividades y obligaciones fiscales en todos los países en los que operan como fórmula para luchar contra la elusión fiscal. La propuesta, que podría incluirse en el reglamento del impuesto sobre sociedades que está elaborando el Ministerio de Hacienda, forma parte de las recomendaciones de la OCDE para hacer frente al creciente problema de la erosión tributaria. El denominado “informe país por país” obliga a las grandes corporaciones a aportar datos sobre ventas, beneficios, impuestos pagados o número de empleados en todos los estados en los que tienen presencia. La intención de Hacienda, anunciada ayer durante unas jornadas sobre fiscalidad por el secretario de Estado, Miguel Ferre, es establecer la medida por vía reglamentaria y hacer que esta entre en vigor en 2016. Ello obligaría a las multinacionales a entregar esos datos en 2017, cuando lleven a cabo la liquidación del impuesto sobre sociedades del ejercicio anterior.

La propuesta de Hacienda supone así adoptar la primera de las siete recomendaciones del plan de acción contra la erosión de la base imponible y la transferencia de beneficios (conocido como BEPS, en sus siglas en inglés) de la OCDE. El objetivo de esta estrategia es poder analizar con mayor rigor y transparencia la política de precios de transferencia que practican las multinacionales, esto es, el valor que las grandes empresas asignan a las operaciones realizadas entre las compañías del grupo. Otro de los objetivos que persigue este plan es luchar contra la práctica de las corporaciones de trasladar sus beneficios a aquellos sistemas fiscales que ofrezcan mayores ventajas. Desde la UE se ha reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de hacer frente a la sangría que sufre Europa en materia tributaria, un problema que se cifra en cerca de un billón de euros en pérdidas recaudatorias. Solo respecto al IVA, el montante defraudado podría alcanzar los 250.000 millones de euros.

No es ningún secreto que la estructura de los grandes grupos empresariales permite optimizar al máximo la factura fiscal, una ventaja que las pequeñas y medianas empresas no disfrutan. Ello constituye un problema de incumplimiento de la legalidad y una flagrante ruptura de la equidad tributaria, pero también una seria amenaza financiera para las arcas de las Haciendas europeas. Se trata de un problema grave, más aún en una coyuntura como la actual, marcada por la atonía económica y la obligación de cumplir con los objetivos de ajuste fiscal impuestos por Bruselas. Por todo ello, exigir más información a las grandes empresas es una medida de control necesaria y razonable en un sistema tributario que favorezca al tiempo la actividad empresarial y permita a las compañías generar más riqueza y más puestos de trabajo.