Qué normativas afectarán a la economía digital en 2015
Más allá de la nueva directiva del IVA, que entró en vigor el pasado 1 de enero, que afecta exclusivamente a la venta o prestación de servicios de contenidos digitales y que marca entre sus novedades, que los servicios digitales se gravan con el IVA del país del consumidor y no el de residencia del proveedor, quienes tengan un negocio en internet deberán permanecer muy atentos a otras normas que impactarán de lleno en el sector digital español.
2015 promete ser un año movido desde un punto de vista legislativo, con normas que afectará tanto a asuntos de fiscalidad y financiación, como de propiedad intelectual y privacidad, o facturación y medios de pago. Aquí van las más relevantes, según explican desde Adigital, la Asociación Española de la Economía Digital, que reúne a más de 500 compañías.
1. Financiación y fiscalidad: en 2015 verá la luz la Ley para el Fomento de la Financiación Empresarial que, en su título V, regula el régimen jurídico de las plataformas de financiación participativa, más conocido como crowdfunding (financiación colectiva a través de microdonaciones). Actualmente se está tramitando en las Cortes y se espera que entre en vigor durante el primer trimestre de este año, según fuentes consultadas por CincoDías. Ello convertirá a España en el cuarto país en regular este mecanismo alternativo de financiación. En lo que respecta a la fiscalidad de la economía digital, a nivel OCDE, el proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting de la OCDE) verá la luz en 2015.
2.Privacidad, comunicación digital, protección de datos y 'cookies': en 2015 continuará la tramitación de la propuesta de Reglamento europeo de Protección de Datos que, en la actualidad está en espera de que el Consejo alcance una postura. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) publicó en octubre 2014 su Guía sobre la Evaluación de Impacto en Protección de Datos y, para este año, habrá empresas que comiencen a realizar evaluaciones de impacto (que, por el momento, no son obligatorias). En 2014, la AEPD sancionó por primera vez por incumplimiento de la normativa sobre cookies y ha emitido varios informes. También en 2014 se modificó la normativa de cookies con la nueva Ley General de Telecomunicaciones. También ha empezado a aplicarse el derecho al olvido en los buscadores. En 2015, continuará la revisión y actualización del acuerdo Safe Harbour (Puerto Seguro) entre EE UU y la UE, para las transferencias internacionales de datos personales entre ambos territorios.
3.Propiedad intelectual: El año arranca con una nueva Ley de propiedad intelectual, tras las entrada en vigor el pasado 1 de enero de la Ley 21/2014 que reforma parcialmente la Ley de propiedad intelectual. Se introduce una compensación económica obligatoria a pagar por los agregadores de noticias online a los editores por el uso de los contenidos no significativos de estos últimos. También se introducen cambios en copia privada, en la regulación de las entidades de gestión y en el procedimiento para la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en internet (webs de enlaces). Esta reforma parcial que acaba de entrar en vigor en España vendrá seguida por una reforma integral en el plazo de un año, según recuerdan desde Adigital. Asimismo, a nivel europeo, se trabaja en una reforma de copyright. Por otra parte, en 2015 continuará la tramitación de la reforma del Código Penal español, que contempla la reforma de los delitos contra la propiedad intelectual en internet.
4. Medios de pago, facturación, e-identificación y terceros de confianza: En 2015 verá la luz el Reglamento de tasas de intercambio para pagos con tarjeta y continuará la tramitación de la Directiva de medios de pago. Según la patronal de las empresas digitales, estas normas contribuyen al desarrollo del mercado europeo de pagos electrónicos, aumentan la transparencia, competencia, innovación, seguridad y armonización de disposiciones nacionales. A partir del 15 de enero, comienza a aplicarse la Ley de Impulso de la Factura electrónica, obligando a las tiendas online a emitir factura electrónica a los clientes que hayan aceptado recibirlas o lo hayan solicitado expresamente. En caso de incumplimiento, pueden ser sancionadas por la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información con una multa de hasta 10.000 euros o ser apercibidas. El Reglamento de e-identificación entró en vigor en septiembre de 2014 y será aplicable a partir de julio de 2016. Introduce por primera vez una norma común en la UE en servicios de confianza digital, más allá de la firma electrónica.
5.Economía colaborativa: a lo largo de este año continuará el proceso legislativo autonómico en materia de alquiler de apartamentos y viviendas turísticas. En verano de 2014 entró en vigor el Decreto de Madrid y está previsto que a principios de 2015 vea la luz el decreto andaluz, siendo ya varias las autonomías que tienen una legislación específica en la materia. El fenómeno de la economía colaborativa está en auge y, desde distintos fuentes, se analiza la necesidad de acabar con el vacío legal en esta materia. La CNMC ha lanzado una consulta para recabar opiniones, centrada en dos sectores: turismo y transporte.
6. Resolución de reclamaciones: La Directiva ADR (Alternative Dispute Resolutions) y el Reglamento ODR (Online Dispute Resolutions) para la resolución extrajudicial de conflictos están ya en vigor. No obstante, está pendiente la transposición de la Directiva a derecho interno español y, en lo que respecta al Reglamento, la plataforma ODR estará lista para finales de 2015 o principios de 2016. Estas normas, aclara la Asociación Española de la Economía Digital, buscan conseguir un sistema común europeo para la resolución alternativa de conflictos con consumidores, con un nivel homogéneo en cada Estado miembro.
7. Comercio electrónico y derechos de los consumidores. Desde junio de 2014 se aplica a los contratos la nueva Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios que traspone la Directiva comunitaria. Esta norma amplía el plazo para ejercer el derecho de desistimiento a 14 días y aumenta considerablemente los requisitos de información precontractual para contenidos digitales. Asimismo, a nivel europeo se está debatiendo un Reglamento Europeo de compraventa.