Los conservadores británicos proponen restringir el derecho a huelga
El objetivo es limitar los paros en los servicios públicos
Los conservadores británicos están dispuestos a restringir el derecho a huelga, según adelantan en su manifiesto para las elecciones generales del próximo mayo, con el objetivo de limitar los paros en los servicios públicos.
Los “tories” proponen que las huelgas en los servicios de educación, transporte, salud o de bomberos solo se puedan celebrar si cuentan con el apoyo de al menos el 40 % de las personas con derecho a voto en las elecciones internas para decidir si se toma la medida de fuerza, así como de una mayoría de los que votan.
El ministro de Transporte, el conservador Patrick McLoughlin, defendió la legislación al afirmar que evitaría que “los politizados dirigentes sindicales” tomaran “al país como rehén” con el respaldo de solo una pequeña proporción de afiliados.
“Es justo que los derechos de los sindicatos se equilibren con los de los contribuyentes que trabajan duro y dependen de ciertos servicios públicos clave”, dijo McLoughlin.
La Confederación británica de sindicatos TUC ha calificado la propuesta de “escándalo democrático”, señalando que prácticamente eliminará el derecho a la huelga en un momento en el que el Gobierno aplica severos recortes en los servicios públicos.
La secretaria general, Frances O'Grady, criticó además que el Gobierno se oponga a introducir el voto secreto por internet, lo que ayudaría a aumentar la participación de los empleados, que podrían votar desde sus tabletas o móviles.
El dirigente del sindicato general de trabajadores GMT, Paul Kenny, recordó que la inmensa mayoría de los diputados “tories” en el Parlamento fueron elegidos en 2010 con mucho menos que el 40 % de los votos en sus respectivas circunscripciones electorales.
De 650 diputados en total de todos los partidos, solo 16 lograron más del 40 % del apoyo del electorado en los últimos comicios.
Basándose en la propuesta presentada hoy, los conservadores quieren además levantar el veto impuesto a los servicios públicos para que utilicen personal de agencias de contratación temporal en sustitución de los huelguistas.
También se plantean introducir la obligatoriedad de un nivel mínimo de servicios para las instituciones que se declaren en huelga.
La portavoz de la patronal británica CBI, Katja Hall, saludó la propuesta conservadora y coincidió en que “las huelgas deben ser el resultado de decisiones claras” de los afiliados, al tiempo que vio como “un avance” que se permita la contratación de trabajadores temporales para reemplazar a los huelguistas.