Transparencia para la recuperación inmobiliaria

Después de recorrer una senda de crisis y esfuerzo, el mercado inmobiliario comienza a mostrar mejorías, basadas en signos de recuperación económica y políticas de ajuste. Sin embargo, conviene recordar que todavía son tangibles algunos de los problemas del pasado. Si queremos llegar a buen puerto, debemos aprender de nuestros errores para construir un futuro estable.

Todavía queda mucho trabajo por hacer dentro del sector. Y son precisamente los datos positivos de estabilización de precios, crecimiento económico, reactivación en la venta de inmuebles, etc., los que deben marcar el camino a seguir.

Al fin y al cabo, conviene recordar datos de los que debemos sentirnos muy satisfechos. Según las cifras manejadas por la Asociación de Consultores Inmobiliarios (ACI), la inversión inmobiliaria no residencial rondará los 10.000 millones de euros al cierre de 2014. Además, según informó recientemente el Instituto Nacional de Estadística, en octubre aumentó un 16% la compraventa de viviendas, hasta un total de 26.468 operaciones, lo cual supone ya dos meses consecutivos de subida.

En un informe realizado por la firma de asesoramiento financiero Arcano, The Case for Spain, III: Plus Ultra, presentado el pasado mes de noviembre, se señala cómo la crisis económica española, muy asociada en sus orígenes a la crisis inmobiliaria, ha experimentado un punto de inflexión que a su vez ha generado un cambio de tendencia en el ciclo inmobiliario. Así, el sector que ha tendido a representar un 7,3% del PIB español subió al 12% antes de la crisis para estar ahora en niveles cercanos al 5%, lo que supone un potencial alcista de casi un 2,5%.

Igualmente, señala el informe el renacer de nuestro sector y la subida de los precios de la vivienda por la mejora de la financiación, por el incremento de la concesión de hipotecas, el aumento de la inversión extranjera y un posible resurgimiento de la demanda nacional.

Sin embargo, junto a estas muestras de alegría, todavía sufrimos el problema del paro. Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Empleo, a pesar de la leve mejoría de los últimos meses, España sigue superando los 4,5 millones de desempleados. Confiemos en que, como se anticipa desde diversos organismos, la de 2014 sea la mejor campaña de Navidad en más de un lustro.

Por todos estos motivos, el mercado necesita que estas señales de recuperación se materialicen en hechos lo antes posible, y para ello debemos poner en marcha las herramientas que ayuden a que España goce de la confianza más absoluta, tanto internamente como entre los inversores internacionales.

Para tal fin, resulta clave el papel ejercido por el Estado, que debe transmitir confianza y criterio en sus decisiones económicas y continuar con la adopción de aquellas medidas adicionales que contribuyan a construir una imagen de país estable y con proyección real de crecimiento.

En este sentido, la reciente entrada en vigor de la Ley de Transparencia ha sido un paso fundamental dentro del camino hacia la estabilidad. Hasta hace solo unos meses, España era el único país europeo con más de un millón de habitantes que no contaba con una legislación de este tipo.

Aunque la normativa vio la luz en el Congreso en noviembre de 2013, la entrada en vigor escalonada ha provocado que no haya sido hasta el pasado 10 de diciembre cuando los ciudadanos hayan podido hacer peticiones a través de internet o consultar la información que la Administración pone a su disposición. Los órganos de las comunidades autónomas y entidades locales tienen doce meses más para adaptarse a la norma.

Una ley de este tipo sirve para garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información, para obligar a las Administraciones a ser transparentes y para fiscalizar la actividad pública. Los ciudadanos podrán conocer contratos públicos, subvenciones, funciones de ministerios, presupuestos, auditorías y fiscalización, retribuciones e indemnizaciones de altos cargos, anteproyectos y proyectos de ley, memorias de impacto normativo, bienes inmuebles, etc. Y toda esta información será publicitada de forma proactiva.

Gracias a este portal, por ejemplo, hemos conocido que la Administración General del Estado cuenta con un patrimonio inmobiliario mundial de algo más de 12.000 inmuebles, y que no todos ellos son sedes de ministerios y embajadas, sino que también hay más de medio millar de inmuebles de sindicatos y organizaciones empresariales. Asimismo, también sabemos que de este volumen total de inmuebles, el 71% de las propiedades son edificios urbanos, el 19% de uso rústico y el 10%, solares.

Una información de gran importancia, pues estamos hablando de que el Estado es el mayor propietario de patrimonio inmobiliario de nuestro país.

Y aunque se trata de una información incompleta, es sin duda un primer inventario aunque no se detalla el valor catastral. Es el camino correcto a seguir por el resto de organismos y sectores que deben tener la transparencia y la profesionalidad como los dos valores principales de su hoja de ruta.

En el sector se ha ido haciendo cada vez más necesario introducir mejoras en materia de transparencia para acabar con la opacidad y garantizar la máxima profesionalización de la industria. Solo así podremos lograr evitar la evasión fiscal, regular la informalidad, controlar la brecha en la valoración del inmueble entre el momento en que se oferta y su venta, el blanqueo de capitales y, en definitiva, regenerar la confianza perdida en nuestro sector.

Ricardo Martí-Fluxá es presidente de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias