El Gobierno no ha prorrogado las medidas que lo protegían

El carbón se enfrenta desde mañana al libre mercado

La producción con carbón nacional recibía un precio regulado

Las eléctricas estaban obligadas a comprar mineral aunque no pudieran producir con él

Central de Carboneras, en Almería.
Central de Carboneras, en Almería.

El silencio reina en el sector del carbón, tanto entre las empresas mineras como entre las eléctricas que generan energía con este combustible. Una calma que sorprende si se tiene en cuenta que desde mañana día 1 desaparece la protección legal que desde 2009 disfruta el carbón nacional, cuya incapacidad para competir quedó patente a raíz del hundimiento del consumo que trajo consigo la crisis económica.

 Por tanto, desde mañana, salvo sorpresa del todo improbable, la producción térmica con carbón competiría como cualquier otra tecnología en el mercado mayorista y las grandes eléctricas no estarán obligadas a adquirir obligatoriamente mineral autóctono lo necesiten o no sus centrales. Dada la situación, las eléctricas tienen claro que a partir de ahora comprarán el carbón mediante contratos bilaterales con las mineras “y solo el necesario para producir en función de la casación de las centrales”, indican en una empresa.

No obstante, otras fuentes confirman que el Ministerio de Industria trabaja en la búsqueda de una salida, aunque esta resulta complicada. Tal como se desveló ayer, la solución que se va plantear para evitar el cierre de la planta de Elcogás, en Puertollano, forma parte de un paquete de medidas de apoyo al carbón. Este podría aprobarse en el primer trimestre.

La protección decidida por el anterior gobierno socialista transcurrió a través de dos vías: por un lado, la aplicación de un precio regulado mediante el denominado “mercado de restricciones por garantía de suministro” gestionado por REE y, por otro, la obligación que se impuso a las eléctricas de consumir determinados volúmenes de carbón autóctono (27.200 GWh), si bien, las mineras denuncian que algunas han incumplido la norma. Aunque en un principio la obligación era anual, a la vista de que las eléctricas se pasaban meses sin adquirir el producto al no necesitarlo, se impuso la compra trimestral.

Estas ayudas, que nada tienen que ver con las del Plan de la Minería, desencadenaron un enfrentamiento entre el Gobierno y las eléctricas de Unesa, especialmente, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, que recurrieron ante los tribunales (incluido el de la UE). Concretamente Gas Natural alegó en sus denuncias que la decisión perjudicaría. También se vieron afectadas las de carbón de importación, a las que el Gobierno dio un apoyo añadido a través de los pagos por disponibilidad. Finalmente, el Gobierno la tramitó como una ayuda de Estado, que Bruselas bendijo apelando a la posibilidad que establece el Tratado de la Unión de que los países puedan apoyar el consumo de una parte de sus recursos autóctonos.

Pero el precio regulado se estableció por tres años, hasta el 1 de enero de 2013, prorrogable un año. El Gobierno de Rajoy decidió hacer uso de la prórroga y prometió medidas para dar “ una cierta preferencia” en el mercado, según palabras del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y aludió a que se obligaría a consumir un 8%. Sin embargo, el nuevo mecanismo de ayuda no consistiría en subvencionar la producción, algo difícil de justificar en Bruselas, sino mediante pagos por capacidad. De hecho, en la orden de peajes eléctricos para 2015 figura una elevada cantidad de pagos por capacidad (más de 700 millones de euros) a la que en el sector no hallaban explicación.