Unos 150 nuevos inspectores en esta legislatura

La lucha contra el fraude laboral recaudó 9.271 millones hasta mayo

Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social. Ampliar foto
Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social. EL PAÍS

El Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social ha supuesto un impacto económico de 9.271 millones de euros hasta mayo de 2014 y ha hecho aflorar 203.206 empleos irregulares desde enero de 2012.

Según un comunicado del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, las actuaciones de lucha contra el fraude laboral han tenido “efectos positivos” en la regularización de las condiciones de trabajo y en el pago de cotizaciones.

Así, en el ámbito de las empresas ficticias (aquellas que se constituyen con el único objeto de proporcionar fraudulentamente a los trabajadores el acceso a prestaciones, mediante el pago de cantidades a su costa) se han anulado 88.354 altas ficticias entre enero de 2012 y mayo de 2014.

Estos datos aparecen en el informe de evaluación general del plan que el Ministerio de Empleo ha remitido al Congreso de los Diputados en cumplimiento con la Ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

Empleo destaca que los objetivos fijados en el plan se han cumplido y recuerda que se ha dotado a la Administración Pública y a jueces y tribunales de nuevos medios legales, como la modificación del Código Penal, además de crearse una Unidad Especial de apoyo y colaboración con los tribunales y la Fiscalía General del Estado.

Desde el inicio de la legislatura se han incorporado 150 nuevos efectivos entre inspectores de trabajo y seguridad social y subinspectores, mientras que la oferta de empleo público de 2014 aumentará la plantilla en 88 nuevos inspectores y subinspectores en 2015, cuando la tasa de reposición sea del 50 %, puntualiza el ministerio.

También, con el plan de lucha contra el fraude laboral se han firmado convenios de colaboración con otros organismos estatales como la Agencia Tributaria o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o las CCAA y el Consejo General de Notariado y el colegio de Registradores.

El plan fue aprobado en abril de 2012 y su estrategia se basaba en la prevención a través de un nuevo marco normativo, refuerzo de medios de control, cooperación entre administraciones y sensibilización de la sociedad.