Seis personas han sido detenidas y otras tres imputadas
Detienen a los responsables de la estafa telefónica que afectó a 65.000 usuarios

Detienen a los responsables de la estafa telefónica que afectó a 65.000 usuarios

Esta misma mañana ha llegado la noticia de que la Guardia Civil ha detenido a seis personas y ha imputado a otras tres en la provincia de Barcelona por cometer estafas a usuarios de telefonía de toda España. Se les imputan delitos de estafa, falsedad, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Parece ser que la estafa ha podido realizar a casi 65.000 personas de todo el ámbito nacional, y se habría llevado a cabo mediante la utilización de líneas telefónicas de tarificación adicional a través de llamadas a un número con prefijo 905.

Las víctimas recibían una llamada telefónica que se realizaba desde un terminal de telefonía móvil a la que no daba tiempo a contestar, ya que la duración era demasiado corta. A partir de ahí, aquellos usuarios que devolvían la llamada se encontraban con que les saltaba una especie de contestador automático que les informaba de la entrega de un paquete postal.

La propia grabación indicaba que para recibirlo, el usuario tenía que realizar una llamada a un número que empezaba por 905, y del cual desconocían que fuese una línea de tarificación adicional ya que en la locución que escuchaban comenzaba con el número 90 en lugar de 905. El mensaje en concreto de la grabación decía esto: “Servicio exprés de mensajería. Tenemos pendientes de entregar un paquete para usted. Si es titular del número de teléfono, por favor, contacte con nosotros al teléfono 90.5X.XX.XXX, repito 90.5X.XX.XXX”.

La operación “Scamcall” se inició después de que uno de los afectados por esta estafa denunciase ante la Guardia Civil de Burgos el posible caso de estafa. Tras varias investigaciones, se detectó a un grupo delictivo que con estas llamadas, habría generado unos ingresos de más de 114.000 euros. Los beneficios eran rápidamente retirados de las cuentas de depósito y transferidos a otras cuentas de empresas creadas por los miembros del grupo, para así poder repartirse los beneficios, eludir sus obligaciones tributarias y dificultar la localización de los miembros de la red.

Finalmente, se han procedido al registro de tres viviendas en la provincia de Barcelona donde se han intervenido varios equipos informáticos, terminales de telefonía, joyas, talones al portador y abundante documentación relacionada con la propia estafa.

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