Los empresarios dudan que la reforma fiscal rebaje los impuestos
Defienden una rebaja de las cotizaciones sociales a cambio de subir el IVA
La reforma fiscal que entrará en vigor el próximo año no supondrá una rebaja de la carga tributaria que soportan las empresas. Al menos, así lo refleja una encuesta de PwC que recoge principalmente la opinión de empresarios y directivos. La mayoría vería con buenos ojos una rebaja de las cotizaciones sociales a cambio de un incremento de la fiscalidad indirecta.
La encuesta de PwC se cerró el pasado 19 de noviembre, un día antes de que el Congreso aprobara definitivamente la reforma fiscal. Sin embargo, el contenido de los tres proyectos de ley que afectan al IRPF, al impuesto sobre sociedades y al IVA ya eran conocidos. A la pregunta sobre el efecto que tendrá la reforma tributaria sobre la carga impositiva de las empresas españolas, el 46% opina que aumentará frente al 32% que piensa lo contrario. El otro tercio sostiene que se mantendrá en los niveles actuales.
Si bien es cierto que la reforma fiscal rebajará el tipo nominal del 30% al 25% en dos años, el proyecto de ley también mantiene las limitaciones de incentivos fiscales aprobadas en 2012, prorroga medidas restrictivas que se adoptaron con carácter temporal y suprime más deducciones. El 37% de los empresarios y expertos consultados califica como “necesaria” la eliminación de incentivos fiscales.
Una de las principales críticas del sector privado es la ausencia de seguridad jurídica y la complejidad del sistema tributario. Y, casi la mitad, sostiene que esta problemática aumentará. PwC justifica esta respuesta en el hecho de que “toda novedad legislativa comporta un desconocimiento inicial de la nueva regulación, y por lo tanto, una inseguridad jurídica añadida”. Además, apunta que “cabe la posibilidad de que al responder –aunque la pregunta no se refiera a ello–, los encuestados hayan tenido presente la agresividad de las actuaciones comprobadoras e inspectoras de la Administración, agravadas sobre todo por la irrupción de la doctrina BEPS”.
Fraude fiscal
El 83% los encuestados opina que el fraude es elevado o muy elevado. Y la mayoría cree que se mantendrá o subirá en el futuro.
La crítica extendida por la falta de seguridad jurídica en el sistema fiscal es el reflejo de las elevadas controversias que generan los impuestos entre las empresas y la Administración, que suelen acabar en los juzgados. Y la gran mayoría sostiene que el próximo año, cuando la reforma fiscal ya habrá entrado en vigor, la conflictividad aumentará. El Ejecutivo finalmente no incluyó la modificación de la Ley General Tributaria en la reforma fiscal, aunque Hacienda asegura que el cambio normativo se terminará aprobando. Otra crítica recurrente es la coexistencia del sistema tributario estatal, el autonómico y el local.
La opinión generalizada es que la presión fiscal que soportan las empresas es elevada o muy elevada. Así lo aseguran el 65% de los encuestados Entre el 1 (muy bajo) y el 5 (muy alto), ninguna respuesta opta por el 1. En cualquier caso, la encuesta refleja que son los salarios los que soportan una mayor carga tributaria. Así, el 59% sostiene que la carga tributaria que soportan las rentas del trabajo es muy alta. Y un 30% responde alta. Hay que tener en cuenta que, actualmente, los tipos impositivos en el IRPFse mueven entre el 24,75% y el 52%, umbral que en algunas comunidades autónomas puede llegar a alcanzar el 56%.
Uno de los principales objetivos de la reforma del impuesto sobre sociedades es incentivar el ahorro empresarial y la inversión a través de los fondo propios. Ya en 2012 se limitó la deducción de gastos financieros, una medida que se mantiene. Además, se incorpora un nuevo incentivo fiscal para fomentar que las compañías eleven sus reservas. Así, prácticamente la mitad de los encuestados asegura que la reforma tributaria reducirá el apalancamiento empresarial. Un 37% cree que no tendrá un especial impacto y solo el 11% considera que el endeudamiento se incrementará.
El sistema fiscal no incentiva, según la opinión de los encuestados, ni la actividad emprendedora ni la investigación y el desarrollo. El comité de expertos para la reforma fiscal propuso avanzar en la devaluación con una reducción de las cotizaciones sociales a cambio de incrementar el IVA. Esta recomendación, que finalmente no recogió el Gobierno en los proyectos de ley, cuenta con el apoyo del 57% de los directivos. Solo un 16% muestra un rechazo frontal a esta medida.