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EE UU deporta el compromiso

La certeza de una parálisis política extendida compensará los beneficios económicos de la reforma migratoria del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Este usará su poder ejecutivo para aliviar el temor a la deportación de 4,7 millones de padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes en el país durante al menos cinco años –siempre que superen una revisión de antecedentes penales y paguen sus impuestos–. El presidente también va a ampliar el permiso de trabajo para los trabajadores que esperan una tarjeta verde (la que reconoce la residencia permanente).

Los efectos económicos de la amnistía tienden a ser mixtos y controvertidos. Algunas investigaciones sugieren que ciertos grupos verán reducirse los salarios, pero otros datos sugieren que la amnistía aumentará ligeramente los ingresos estadounidenses conjuntos, entre un 0,1% y un 0,6%, según la Institución Brookings.

Que los inmigrantes indocumentados comiencen a pagar impuestos, ayudaría marginalmente a las arcas federales. Pero sus ingresos relativamente bajos no sumarían mucho, y cualquier prestación que reciban podría compensar esas ganancias. También proporciona un pequeño beneficio a la comunidad tecnológica, recortando algo los trámites burocráticos para los titulares de visados. Pero no logra reducir el número de trabajadores con el tipo de visado H-1B (temporal) que esperan tarjetas verdes.

Que los inmigrantes sin papeles empiecen a pagar impuestos ayudaría a las arcas federales

Quizás el resultado más claro de la medida del presidente haya sido enfurecer a los republicanos. El compromiso no iba a ser fácil, pero algunos grandes esfuerzos tienen partidarios en ambos lados del pasillo.

Todo eso ahora se ha esfumado. La furia del Partido Republicano con el presidente por imponer su propia reforma migratoria, en lugar de esperar a trabajar con el nuevo Congreso (dominado por los republicanos) probablemente descarta ningún compromiso comercial, fiscal o de infraestructura hasta después de las elecciones presidenciales de 2016. Esa oportunidad perdida erradica fácilmente los posibles beneficios económicos derivados de una amnistía migratoria.