Los impuestos como motor de actividad
El 1 de enero próximo entra en vigor la primera parte de la reforma fiscal que ha aprobado el Parlamento esta semana. Veinte millones de contribuyentes tendrán un alivio en sus nóminas de enero, con una reducción media de las retenciones a cuenta del 12,5%, mayoritariamente concentradas en las rentas más bajas, sobre todo aquellas inferiores a los 24.000 euros. Pero no será hasta enero de 2016 cuando se ejecute plenamente la reforma del impuesto sobre la renta para que todos los contribuyentes paguen menos de lo que pagaban cuando el Gobierno del Partido Popular subió el impuesto de forma extraordinaria para dos años, que finalmente fueron tres (2012, 2013 y 2014). Además de una liberación de renta disponible a través de la retención del IRPF, el impuesto lleva aparejada una reducción de los tipos que se aplican sobre las ganancias patrimoniales y sobre las rentas del capital (o ahorro, llámese como se quiera), que tendrá un segundo escalón también en enero de 2016 .
Por su parte, los beneficios empresariales tendrán también una rebaja del tipo aplicado en el impuesto sobre sociedades, desde el 30% al 27% en enero y hasta el 25% en enero siguiente. Una reducción nominal que bien pudiera no ser tal en función del efecto de la contabilización de las deducciones que tiene ahora el impuesto y que desaparecerán con la reforma, tales como la existente por reinversión de beneficios extraordinarios o parcialmente la aplicada sobre gastos financieros.
Pretende el Gobierno que las sociedades vuelvan a pagar como lo hacían antes de la crisis en términos agregados, no menos del 3% del PIB, y atender la demanda social generalizada de que las empresas, especialmente las de gran tamaño y operativa multinacional, deben hacer más sacrificio tributario.
Por qué llega ahora la rebaja fiscal y si es el mejor de los momentos procesales para hacerlo es una cuestión debatible. La capacidad financiera del Estado y de las comunidades autónomas (que tienen en sus manos el 50% del IRPF) no ofrece mucho margen, como demuestra el hecho de que la reducción de los tipos es más modesta que la operada en otras reformas del impuesto en el pasado. De hecho, hay reputadas instituciones, el Banco de España sin ir más lejos, que cuestionan la capacidad para reducir el déficit en 2015 hasta donde está comprometido con Bruselas con esta modesta reforma, dado que la vaguedad del avance de la demanda no permite esperar un incremento demasiado elevado de los ingresos. Y desde luego que la estabilidad fiscal y la reducción del déficit, primero, y del endeudamiento, después, es una de las claves para hacer sostenible el crecimiento de la economía y la recuperación de niveles razonables de empleo.
Los responsables del Ministerio de Hacienda han tratado de compaginar el cumplimiento de una oferta electoral pasada –con la circunstancia añadida de que en 2015 se debe pasar por las urnas– con el imprescindible rigor fiscal. Es un planteamiento valiente en el que se ha apostado decididamente por utilizar incentivos fiscales para movilizar la demanda, lo que tendrá efectos multiplicadores sobre la propia recaudación.
Esa causa-efecto ha funcionado en el pasado, aunque las expectativas actuales no son idénticamente equiparables. La falta de crédito, el altísimo endeudamiento y el temor no del todo desterrado a perder el empleo pueden neutralizar todos los buenos oficios de un incremento de la renta disponible. En todo caso, es la primera vez que se produce un avance de esta variable en varios años, dado que es la primera vez que no se destruye empleo o bajan los sueldos, y bien podría, junto con la liberación de renta de la caída de precios del petróleo y la relajación del precio del euro, funcionar como un verdadero acicate de la economía que cambie el sentido del estado de ánimo de la sociedad. Esa es, tras garantizar la sostenibilidad presente y futura del Estado, la función de los impuestos: estimular la economía, por la vía del emprendimiento y la inversión. Pese a que la función redistributiva debe ganar peso por los repuntes de desigualdad generados por la crisis, estimular el crecimiento de la actividad y del empleo es la mejor manera de combatir los desequilibrios de renta. Y la reforma fiscal va en ese sentido.