Industria elaboró una norma para cobrar los CTC que nunca vio la luz

Joan Clos pidió un informe a la Abogacía del Estado Su equipo elaboró un proyecto de orden para recuperarlos

Redes eléctricas.

La Fiscalía Anticorrupción está investigando por qué el Ministerio de Industria optó en su día por no cobrar a las cinco grandes eléctricas –Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Eon– el dinero que habían recibido de más en concepto de Costes de Transición a la Competencia (CTC), y que, según los cálculos de la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE), ascenderían a casi 3.400 millones. Todo ello a pesar de que la Abogacía del Estado consideró, en un informe de marzo de 2008, que había fundamentos legales para reclamar “un cobro indebido”.

Según adelantó el domingo el diario El País, el fiscal ha llamado a declarar a varios altos cargos que estuvieron a caballo entre la etapa de Miguel Sebastián y Joan Clos, quien dejó la cartera en mayo de 2008. Según las pruebas aportadas por algunos de los testigos, el equipo del ministro catalán llegó a elaborar una propuesta de orden ministerial que establecía la devolución de los polémicos CTC, pero que nunca vio la luz.

Por el contrario, su sucesor echó balones fuera. Así, el 11 de junio de 2008, el secretario de Energía designado por Sebastián, Pedro Marín, remitió sin más el informe de la Abogacía del Estado a la CNE, organismo que había instado en 2006 al ministerio a que diese solución “al tratamiento jurídico” de los CTC. Estos habían sido derogados ese mismo año por el entonces titular de Industria, José Montilla, a través de un real decreto ley que, en ningún caso, establecía que las empresas pudieran quedarse con el remanente, aunque estas interpretaron que sí suponía un carpetazo a cualquier reliquidación.

Fuentes próximas al ministerio aseguraron en su día que Sebastián mantuvo negociaciones con las eléctricas y que pidió un nuevo informe al Abogado del Estado contrario al anterior. Las afectadas encargaron contradictámenes que respaldaban sus tesis. Sea como fuere, el supuesto informe no forma parte del expediente de la Fiscalía y, según las mismas fuentes, no habría sido posible porque el dictamen firmado por el Abogado General, Joaquín de Fuentes Bardají, era “totalmente taxativo”.

La cuestión cayó en el olvido, salvo entre las renovables, que han reivindicado una y otra vez la devolución para compensar el déficit de tarifa y evitar los recortes asestados a su propia retribución. La denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción ha partido de una plataforma integrada por activistas del sector, por un Nuevo Modelo Energético.

Los CTC fueron incluidos en la Ley Eléctrica de 1997 con la que el primer Gobierno de José María Aznar inició la liberalización del mercado. Ante el temor de que las compañías no pudiesen recuperar las inversiones realizadas en años anteriores en un marco regulado debido a la competencia que se avecinaba (que nunca fue tal), el Ejecutivo optó por compensarlas.

A las eléctricas se les garantizaba un precio de mercado: si no llegaba se le compensaba y si se superaba se ajustaba. Se trataba de un sistema transitorio (hasta el 31 de diciembre de 2010) y un precio cerrado (el polémico billón de pesetas). De hecho, una vez cumplidos los compromisos establecidos, el Gobierno podía anticipar su cancelación.

El regulador energético los reclamó durante años

Todo empezó en diciembre de 2005, cuando el entonces secretario de Energía, Antonio Fernández Segura, decidió incluir en su propuesta de peajes eléctricos la reliquidación de los CTC a las empresas, algo que demostraba la intención del ministerio de cobrarlos. Finalmente, la medida “se cayó”, según fuentes del sector, por decisión de Moncloa. El 30 de junio de 2006, un real decreto ley derogaba los CTC, por considerar que “ya habían cumplido su objetivo, al haberse amortizado casi todas las inversiones” que dieron lugar a la compensación, y porque resultaban “nocivos en la fijación de los precios”.

Acuciado por el creciente déficit de tarifa y por entender que los CTC se habían cerrado en falso, el que fuera secretario de la Energía con Joan Clos, Ignasi Nieto, formuló en 2007 una consulta a la Abogacía del Estado sobre la posibilidad de que las empresas reintegraran lo cobrado de más:3.396 millones de euros por encima de lo que establecía la Ley Eléctrica de 1997, según la CNE. Los servicios jurídicos del Estado fueron contundentes al considerar que existían fundamentos legales para recuperarlos. Los CTC eran una cantidad cerrada y su cobro podía adelantarse en el tiempo.

Entre 2006 y 2010, año en que la Abogacía establece la prescripción del cobro, la CNE insistió, en todas las órdenes de peajes que dictaminó, que era necesario que se reintegraran. El regulador energético aconsejaba que la cantidad se reliquidase recortando directamente el déficit de tarifa. Sí hubo dudas sobre los importes:si se tenían en cuenta las plusvalías cobradas por Endesa por la venta a Enel de su filial Viesgo, la cantidad ascendía a 1.992 millones. Olos citados 3.396 millones sin contar estas, como admitía una sentencia del Supremo.