Privatizaciones retorcidas

La privatización en Francia es una paradoja. Esta ha venido sucediendo a un ritmo constante durante la mayor parte de los últimos 20 años fuera cual fuera la administración que se encontraba en el poder. Sin embargo, continúa siendo un tabú para los sindicatos y en algunos círculos políticos. Las consideraciones fiscales no lo son todo aquí: el programa actual serviría para reducir la carga de la deuda de Francia solo entre un 0,2% y un 0,4% del PIB, si se implementara en su totalidad y si todos los beneficios se destinaran a reducir la deuda.

Se han vendido unos 25.000 millones de euros en activos desde el año 2005, cuando se creó un organismo especial para gestionar las participaciones estatales. Hoy en día las tenencias del gobierno en sociedades cotizadas valen unos 76.000 millones de euros, casi la mitad de los cuales se componen de la participación del 85% en la compañía eléctrica EDF. Una ley, aprobada por la presión sindical, obliga al gobierno a mantener al menos el 70% del grupo. Así que París podría vender una participación del 15%, que en la actualidad tiene un valor de más de 6.000 millones de euros. Eso debería ser fácil. Sin embargo, el temor a una reacción política ha obligado al gobierno a realizar contorsiones extrañas: el plan real es vender una participación en la filial no cotizada EDF que gestiona la red.

Al reflexionar sobre otras ventas –como la de las acciones en la compañía de telecomunicaciones Orange o los aeropuertos de París– el gobierno dice que “no perderá influencia”, y utilizará una ley que le permite duplicar sus derechos de voto al haber sido propietario de una participación durante más de dos años. La ironía es que el gobierno francés nunca ha necesitado una participación importante para mantener su dominio sobre una empresa nacional, y reducir la influencia del gobierno es en lo que consiste la privatización.