Ofensiva para privar a la CE de sus principales competencias

A veces, a la Comisión Europea también le enmiendan la plana. Y no siempre se lo toma del todo bien. Sobre todo, si la consecuencia es la pérdida de poder o competencias, una amenaza que Bruselas siente cada vez más cerca desde la anunciada “politización” del organismo europeo.

Esa politización, impulsada por su actual presidente, Jean-Claude Juncker, y por el Parlamento Europeo, puede costarle a Bruselas algunas de sus atribuciones más preciadas, como el control de las grandes fusiones empresariales, la autoridad sobre la calidad de las estadísticas económicas o la capacidad para llevar a cabo los estudios de impacto previos a la futura legislación europea.

A nivel nacional, ese tipo de potestades suele atribuirse a organismos independientes del ciclo político, sometidos a un control parlamentario, pero con la máxima independencia posible en cuanto a su gestión y actividad. En algunos casos, como en el sector de las telecomunicaciones, las propias directivas exigen esa separación funcional entre el regulador y el Gobierno de cada país.

Paradójicamente, la Comisión incumple esa neutralidad política que se exige a las autoridades nacionales, pues la formación y composición del organismo europeo se asemeja cada vez más a la de un verdadero Ejecutivo, fruto de acuerdos políticos que marcan su sesgo y orientación.

Ese chirrido del sistema europeo se percibe desde hace tiempo y algunas multinacionales, sobre todo extracomunitarias, ya han lamentado verse sometidas al control de un órgano político cuya imparcialidad no está garantizada.

El ejemplo más reciente es el de Google, en el que una investigación sobre presunto abuso de posición dominante ha derivado en una batalla campal entre los partidarios de aprovechar el caso para ajustarle las cuentas al buscador estadounidense (que solivianta a capitales como Berlín en materia de privacidad o París en materia de propiedad intelectual) y quienes desean tratar el expediente como un caso más de competencia.

El dilema puede repetirse con más frecuencia durante la nueva legislatura (2014-2019), por lo que es probable que se abra el camino para una mutilación de los poderes técnicos de una Comisión que aspira a ser un cuasi Gobierno de la UE. Pero la Comisión, como cualquier administración, se resiste a perder poder en esa mutación.

Este mismo mes, la CE ha expresado su resistencia a perder el control sobre el nombramiento y cese del cargo de director general de Eurostat, la oficina europea de estadísticas. Ese cargo se designa ahora con los mismos criterios de rotación y equilibrio geográfico que se utilizan para todas las direcciones generales de la Comisión. Un sistema que no garantiza que al frente de Eurostat se encuentren siempre las personas más adecuadas para dirigir una actividad tan delicada, según el informe publicado la semana pasada por el órgano de la UE que revisa la calidad de la gobernanza de los centros de estadística (Esgab, por sus siglas en inglés). El Esgab reclama que se establezca un sistema de nombramiento específico para Eurostat, al margen de lo previsto para otros departamentos. Un blindaje que la Comisión se niega a aceptar.

La misma batalla se repite o se repetirá en otras zonas sensibles del organigrama europeo. El ya expresidente de la Comisión, José Manuel Barroso, alertaba en el último mes de su mandato contra la ofensiva de quienes pretenden amputar a la Comisión de su competencia para llevar a cabo los estudios de impacto previos a la elaboración de un proyecto de directiva.

A menudo, esos estudios marcan de antemano el alcance de una iniciativa legislativa y en materias como política medioambiental, social o financiera pueden decidir la suerte de toda una industria o de un colectivo.

Entre los partidarios de crear un organismo de evaluación independiente figura nada menos que Edmun Stoiber, ex presidente de Baviera y presidente del grupo de expertos creado por la propia Comisión para reducir la carga administrativa en la UE. Si Berlín impulsa la propuesta, Bruselas podría tener que ceder el control de los influyentes estudios de impacto.

Pero la joya de la corona por la que peleará hasta el final la Comisión es la Dirección General de Competencia, que concede a Bruselas la máxima autoridad en las mayores fusiones empresariales del planeta. La decisión final en esos expedientes técnicos la adoptan los 28 comisarios europeos por votación. Un veredicto político que puede poner fin a proyectos empresariales de gran envergadura y ante el que las compañías solo pueden recurrir ante el Tribunal de Justicia de la UE. Pero incluso si ganan el caso, la sentencia suele tardar tanto en llegar que el efecto de la decisión política es irreversible.

20 años de túnel, 330 millones de viajeros

En los últimos 20 años, más de 330 millones de personas han cruzado del canal de la Mancha por una vía que parecía impensable antes de 1994: por un túnel que une Francia y Reino Unido 40 metros por debajo del lecho del océano Atlántico y a 100 metros desde la superficie del agua. El primer tren de pasajeros de Eurostar, la compañía que cubre en exclusiva el trayecto de Londres a París o Bruselas, cruzó el 14 de noviembre de 1994. La semana pasada, para celebrar su vigésimo aniversario, Eurostar presentó su nuevo modelo de tren, que a partir de 2016 ampliará en un 20% la capacidad hasta los 900 pasajeros por convoy. A partir de ese año, Eurostar (propiedad de Reino Unido y Francia) contará también con la competencia de la alemana Deutsche Bahn, que pretende ofrecer servicios desde Fráncfort.

La Comisión Europea presiona desde hace meses a los dos países que construyeron el túnel para que lo abran a la competencia porque, según Bruselas, está infrautilizado y solo se utiliza algo más del 55% de su capacidad. La CE exige que la gestora de la infraestructura, Eurotunnel, rebaje las tarifas tanto para los servicios de pasajeros, como los de carga. Eurostar, según Bruselas, suele abonar 16,6 euros por pasajero más 4.320 euros por reservar el derecho de paso en una sola dirección. Las compañías de carga suelen pagar 3.645 euros por reservar el paso. La CE considera que esas tarifas “deberían ser sustancialmente reducidas”.

¿Quién se quedará las multas de Almunia?

El Parlamento Europeo y los representantes de los 28 países de la UE retomarán hoy las negociaciones sobre el presupuesto europeo para 2015 y los ajustes necesarios en el de 2014. Si no logran un acuerdo antes de las 12 de la noche, la Comisión Europea se verá obligada a presentar un nuevo proyecto presupuestario. Entre los puntos de fricción figuran los cuantiosos ingresos de las multas impuestas por Joaquín Almunia como comisario de Competencia hasta el pasado 31 de octubre. Se trata de casi 5.000 millones de euros a repartir entre las capitales, pero el Parlamento Europeo quiere que se queden en Bruselas para saldar facturas atrasadas de la UE.