El juez prorroga la prisión preventiva para Díaz Ferrán
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha prorrogado dos años el ingreso en prisión provisional del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán en la causa en la que investiga el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans para eludir el pago a sus acreedores, descubierto a través de la operación Crucero, han informado fuentes jurídicas.
El magistrado, que ha seguido el criterio del fiscal Daniel Campos durante la vista celebrada este jueves en presencia del empresario, considera “indispensable” que continúe en la cárcel para evitar el riesgo de fuga y de sustracción a la acción de la Justicia existente y que se incrementa por la posibilidad de que disponga de dinero en el extranjero.
En diciembre de 2012 Velasco impuso al expresidente de la patronal una fianza de 30 millones de euros para eludir la cárcel. Durante el tiempo transcurrido desde entonces la caución ha ido rebajándose hasta alcanzar los cinco millones de euros, que el empresario no ha abonado.
Velasco acusa a Díaz Ferrán de la comisión de un delito continuado de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en organización criminal. Según explicaba la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, la lamentable situación patrimonial del grupo amenazaba el “altísimo nivel de vida” del expresidente de la patronal que procedió a realizar “un sistemático vaciado de su patrimonio personal y empresarial, en evidente perjuicio de los acreedores”.
El Ministerio Público pide 15 años de prisión para el expresidente de la CEOE y 8 años para el liquidador de empresas Ángel De Cabo, también procesado y que se encargó de la operación de vaciamiento. En el juicio que se celebrará dentro de unas meses se sentarán también en el banquillo el hijo de Díaz Ferrán, Gerardo Díaz de Santamaría, el número dos de De Cabo, Iván Losada, y otras siete personas.
El juez recuerda que el propietario del Grupo Marsans cumple una condena de dos años y dos meses por la venta de Air Comet pero recalca que si le dejara libre en esta otra causa podría acceder a beneficios penitenciarios que desembocarían en su salida de la cárcel.
Explica que si acordara su libertad Díaz Ferrán podría solicitar el abono del periodo de prisión provisional como cumplimiento de pena y obtendría automáticamente beneficios penitenciarios.
Disonibilidad económica en el extranejero
“Estas salidas podría aprovecharlas, teniendo en cuenta la disponibilidad económica que podría tener en el extranjero”, producto de los delitos de los que se le acusa, para huir de la Justicia, dice el juez que considera procedente aplicarle el máximo legal de estancia en prisión condicional.
El empresario De Cabo acusó al ex presidente de la CEOE de disponer de dinero en Hong Kong y de mantener el control sobre varias propiedades en Argentina, en una declaración voluntaria ante un agente de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) prestada desde el centro penitenciario de Picassent (Valencia). De Cabo precisó que supo que Díaz Ferrán tenía dinero en Hong Kong porque un testaferro suyo le remitió números de cuenta domiciliados allí.
El juez Velasco concreta, además, en su resolución que la fecha de celebración del juicio por estos hechos está cercana y advierte que será entonces cuando se determine “la concreta imposición de pena que esta compleja causa requiera”.
Otras causas
Díaz Ferrán cumple una condena de dos años y dos meses de prisión impuesta por la Audiencia Nacional por un delito contra la Hacienda Pública por la compra de Aerolíneas Argentinas por parte de las empresas Air Comet y Viajes Marsans
El juez Santiago Pedraz le investiga, por su parte, por un delito continuado de apropiación indebida por quedarse con 4,4 millones de euros pagados a Viajes Marsans por clientes que contrataron viajes que nunca llegaron a disfrutar.
El empresario figura entre los querellados que investiga otro magistrado, Fernando Andreu, por planificar la comercialización de participaciones preferentes de Caja Madrid. El Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid le impuso en mayo 15 años de inhabilitación por la quiebra de Seguros Mercurio.