Granados, a prisión por ser “de una organización criminal”
El juez Eloy Velasco ha ordenado prisión sin fianza para el exconsejero madrileño Francisco Granados por haber utilizado la trama Púnica de corrupción en beneficio propio, así como para su amigo David Marjaliza, considerado por el magistrado como la “cabeza” de un entramado empresarial “núcleo” de la red.
Granados ha comparecido hoy durante unas dos horas ante el juez de la Audiencia Nacional y ha afirmado que nunca tuvo negocios en común con Marjaliza, quien se ha negado a declarar.
El magistrado imputa al político los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, contra la hacienda pública, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación y fraude.
El juez reseña en su auto de prisión que Granados es titular de “algunas de las cuentas” en un banco suizo de las que las autoridades helvéticas han informado de que existe sospecha de blanqueo de capitales “agravado”.
El juez sospecha que hay operaciones de "blanqueo de capitales agravado”
Añade que hay indicios de que, a lo largo de su carrera pública, Granados podría haber beneficiado a Marjaliza y otros empresarios, como el imputado José Luis Huerta (de la empresa Waiter Music), en materia de contratación pública y urbanismo.
Velasco apunta que el exconsejero formó parte “de una red de tráfico de influencias que utilizó también en beneficio propio”, e identifica diversas operaciones inmobiliarias que podrían haber constituido una contraprestación recibida de aquellos empresarios por los contratos públicos de los que fueron adjudicatarios gracias a su mediación.
A Marjaliza le sitúa como la “cabeza de un amplio entramado empresarial, núcleo de una organización criminal, cuya actividad está vinculada a actuaciones administrativas”.
Este empresario amigo de Granados se aprovechó presuntamente, según el juez, de sus “amplias relaciones personales y políticas para lograr las adjudicaciones irregulares tanto para sus propias empresas como para terceros, recibiendo una comisión por su actuación”.
Según el juez, este imputado es “responsable de crear un complejo entramado empresarial para ocultar los beneficios de su actividad empresarial, tanto la lícita como la delictiva, y para evitar el control de las autoridades”.
Marjaliza intentaba evitar, mediante testaferros, que estas empresas se vincularan con las contrataciones públicas que recibían de las administraciones en las que se concertaba con “autoridades públicas y funcionarios corruptos”.
Es, insiste, el “centro” de una “amplia red de tráfico de influencias que ha patrimonializado la actividad pública de contratación y de urbanismo con la colaboración de funcionarios y autoridades públicas”.
Le atribuye los delitos de blanqueo, pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, uso de información confidencial, malversación, prevaricación, falsificación y fraude.
El magistrado ha tomado hoy declaración a otros tres detenidos en la operación y ha puesto en libertad con fianza de 6.000 euros y la obligación de comparecencias mensuales a dos de ellos: Víctor Manuel Ortega Martínez y a Manuel Casado del Castillo.
Estos empresarios, según el juez, actuaban de interlocutores entre los miembros del Ayuntamiento de Collado Villalba implicados y la empresa Cofely, que forma parte de la trama y se comprometió a pagar varias comisiones de 70.000 euros por recibir a cambio adjudicaciones en este municipio.
Por su parte, el agente de la Guardia Civil Jose Manuel Rodríguez Talamino, que avisó a Granados de que estaba siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional, ha quedado libre aunque tendrá que comparecer en los juzgados cada quince
