El ICAC da diez días de plazo para alegar

El Gobierno abre a consulta pública la polémica Ley de Auditoría

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) colgó ayer en su web el nuevo borrador del polémico anteproyecto de Ley de Auditoría y con ello dio el pistoletazo de salida a su aprobación y transformación en la definitiva norma que regulara a los auditores españoles durante los próximos años.

Tras veinticuatro horas de desorientación sectorial en el que el nuevo borrador estuvo colgado dos veces y dos veces desapareció de la página web del ICAC, ayer por la tarde el Gobierno dio luz verde definitiva a la tercera versión del texto, que una vez supere todos los trámites legales pertinentes se convertirá en la norma que articulará la profesión de auditor en España de acuerdo con las directivas que al respecto han llegado de Europa.

Junto al borrador del texto legal, el ICACha declarado formalmente abierto un periodo de alegaciones de 10 días en los que tanto los profesionales de auditoría en España, empresas o cualquier interesado podrá manifestar su opinión.

El anteproyecto en cuestión prevé, según aseguró ayer el ministerio de Economía y tal como estaba previsto desde un primer momento por imperativo legal, que “la entrada en vigor de la futura Ley de Auditoría de Cuentas el 17 de junio de 2016, fecha tope para trasponer la Directiva a nuestra normativa y en la que el Reglamento comenzará a aplicarse de forma directa en España”.
Sin embargo, precisó el departamento dirigido por Luis de Guindos, “la aprobación se prevé en 2015, una vez superado el trámite parlamentario”.

Ahora una vez superada el período de información publica citado, el ICACre remitirá al Ministerio de Economía y Competitividad para seguir con la tramitación propia de cualquier anteproyecto de ley.
Economía certifica así las tesis del ICACy desoye las enormes e intensas críticas que le han llovido a su presidenta, Ana María Martínez-Piña, precisamente por la “urgencia injustificable y las prisas por aprobar una norma sin el necesario sosiego y diálogo para abordarla”. En todo caso Economía asegura que el articulado de la ley refuerza el deber de independencia del auditor, clarifica e incrementa la información a comunicar por el auditor y modifica las normas sobre el comité de auditoría interno de las empresas”. Además, asegura el comunicado difundido ayer por el Gobierno, “pretende ordenar el mercado de auditoria, fortalece la supervisión nacional y reduce las cargas para auditorias de pymes y para auditores pymes

En mayor detalle, las últimas novedades incorporadas al borrador radican en que el plazo de rotación máxima de contrato de auditor será de diez años, tal y como recoge la legislación comunitaria. Además incorpora cambios en el período de cómputo para considerar causas de incompatibilidad. En la norma actual no se estaba capacitado para auditar una compañía si en el año inmediatamente anterior al inicio del trabajo de auditoría el profesional había sido contratado por la empresa para cualquier otro servicio, la futura norma española se ajusta a las directrices europeas y limita ese periodo de prohibición justo año que se vaya a auditar.

En términos más genéricos el texto recoge “el deber de independencia para todos los auditores y fortalece la actitud de escepticismo profesional que debe mantener este profesional, al tiempo que introduce nuevas causas de incompatibilidad”. Entre ellas, que exista un interés significativo directo en la entidad auditada derivado de la propiedad de un bien o de la titularidad de un contrato o el hecho de que se reciban regalos de valor significativo por parte de la entidad auditada.