Tribuna

Operar en mercados con inteligencia política. ¿Dónde poner los límites?

Los inversores y los profesionales de la industria de inversión siempre buscan una ventaja, esa pequeña información o análisis que les permita cerrar una operación rentable. Como resultado, los expertos en inteligencia política están en aumento, proporcionando información, opinión y experiencia a los inversores. Pero en algunos casos, ha resultado que la información proporcionada ha sido realmente información privilegiada (sensible, material y no publica). La Comisión de Valores de EE UU (SEC) entraba en liza, porque se había cruzado una línea.

La búsqueda de cierta superioridad informativa continúa. Los inversores, además de especialistas de la inversión, buscan expertos en inteligencia política que les ayuden a tomar sabias decisiones: nuevos proyectos de ley, normativas, votaciones sobre temas concretos y otras noticias con potencial para mover el mercado. La inteligencia política recoge información privilegiada, a través de entrevistas con contactos en el Gobierno para proporcionar a los inversores un análisis de las actividades federales y las consecuencias políticas probables de esas acciones, que les ayuden a tomar decisiones de inversión en mercados cada vez mayores. La industria de la inteligencia política ha crecido en los últimos cinco años para convertirse en un negocio que mueve 400 millones de dólares al año.

Esta práctica ha sido objeto de análisis por parte del regulador después de una investigación del diario Wall Street Journal; un importante asistente parlamentario en materia de política de salud pública escribió un correo electrónico a una casa de análisis de inversiones indicando que “escuchó de fuentes muy creíbles” una decisión del Gobierno para paralizar los recortes previstos en la financiación de determinadas aseguradoras. La casa de análisis envío una alerta a sus clientes. El informe supuestamente llamó la atención de los gestores de hedge funds, que ejecutaron órdenes aparentemente basadas en esta información, apostando a que los títulos del sector salud subirían. Y lo hicieron. La SEC está investigando y se han producido citaciones judiciales para todos los implicados.

Pero, ¿operan estos perspicaces inversores con información material, no pública, obtenida en un incumplimiento del deber? ¿Es información material, información que el inversor medio querría saber antes de tomar una decisión de inversión? Depende de lo específica y certera que sea la información. Si su impacto es incierto o poco concreto, o si es difícil de predecir, menos material se vuelve.

¿No es pública? Según un periodista del Washington Post que está investigando esta situación, los miembros del personal que facilitan información basada en inteligencia política consideran la revelación de información como algo normal que forma parte del negocio. “Ellos hablan con electores todo el día, hablan con grupos de presión, hablan con periodistas. Solo están diciendo lo que dirían a estas mismas personas. Para ellos, esta información es realmente pública porque está disponible y tratan de ser transparentes al respecto”.

Pero algunos son más ecuánimes que otros. Aquellos que tienen los contactos y pueden darse el lujo de pagar simuladamente se benefician más que el inversor común y surgen las sospechas. La ley Stop Trading on Congressional Knowledge (Stock) impone un deber fiduciario a los funcionarios de alto rango del Gobierno de EE UU por la cual no pueden transmitir información confidencial a la que tengan acceso debido a su posición. Los inversores que operen con información proporcionada en incumplimiento de esta obligación podrían fácilmente encontrarse en el lado equivocado de la ley.

Los inversores pagan grandes cantidades de dinero a profesionales por análisis que les darán una ventaja en los mercados financieros. Los buenos analistas recorren el planeta en busca de informaciones que puedan utilizar para ayudarles a formar un mosaico que facilitará a sus clientes tomar decisiones de inversión inteligentes y rentables. Pero hay una diferencia sutil entre información aceptable e información privilegiada. Los profesionales de la inversión deben tener cuidado al utilizar firmas de inteligencia política y asegurarse de que la información que reciben no se ha transmitido en violación del deber fiduciario impuesto a los funcionarios públicos para no comunicar información confidencial obtenida en virtud de sus posiciones.

Profesionales de cierta generación recordarán la vieja película de Dan Aykroyd y Eddie Murphy llamada Entre pillos anda el juego, donde los malvados hermanos Duke conspiran para conocer el informe de cosechas del Gobierno antes de su lanzamiento para poder hacer grandes beneficios operando en futuros sobre el zumo de naranja. Los personajes de Aykroyd y Murphy frustran el plan cuando sustituyen un informe falso que muestra la información contraria. Una vez que los hermanos ejecutan sus órdenes se arruinan y los héroes se hacen ricos. (Pero… ¿no es esta forma de operar tan ilegal como la de los hermanos Duke?) ¡Solo posible en Hollywood!

Esta información confidencial y detallada se considera por el regulador norteamericano “información relevante no pública”, de hecho, la Sección 136 de la Ley sobre Transparencia y Contabilidad de Wall Street prohíbe el uso de datos del Gobierno obtenidos de forma indebida para operar en los mercados de materias primas. Después de la película, esto es lo que se ha dado a conocer como la regla Eddie Murphy. ¡Solo posible en Washington!

Jon Stokes y Pablo Fernández Gómez. Director de estándares profesionales en CFA Institute / Miembro de CFA Society Spain y gestor de activos en BBVA