Fomento intenta evitar una batalla judicial por el rescate de autopistas
Fomento quiere volver a sentarse con los bancos extranjeros que dieron crédito a la construcción de las autopistas en quiebra. Trata de convencerles de que acepten la quita propuesta en el plan de rescate de las concesionarias y sacar adelante la nueva Empresa Nacional de Autopistas. Sería la enésima cita, pero las entidades financieras, algunas con fuerte exposición al mercado español, son cada vez más reacias a perder dinero en la nacionalización. De hecho, exigen que en la próxima reunión comparezcan representantes de los dos ministerios implicados en el rescate: Fomento y Hacienda.
El grupo de bancos sigue sin estar organizado, pese a que muchos de ellos han contratado al mismo asesor legal, Linklaters. Y los hay que se quejan de falta de interlocución. “El Gobierno quiere que asumamos una quita real del 80% del dinero que prestamos para las autopistas de peaje y, para colmo, ni siquiera se digna a recibirnos”, explica el primer ejecutivo de un importante banco de inversión extranjero.
La deuda financiera vinculada a la construcción de las ocho concesionarias en concurso que serían nacionalizadas asciende a 4.000 millones, y el 25% está en manos de grupos financieros internacionales, como HSBC, RBS, Barclays Bank, BNP Paribas, Société Génerale, ING, Deutsche Bank o Commerzbank.
Desde este frente se considera que la propuesta del Gobierno, de efectuar una quita del 50% en los créditos y pagar el saldo resultante con bonos a 30 años con un rendimiento medio cercano al 2% (1% fijo garantizado), vulnera gravemente sus intereses. “Es una rentabilidad ínfima, que supondrá la devaluación de ese bono durante los próximos años, lo que amplía la dimensión de la quita”, explica uno de los banqueros consultados. Para intentar defenderse ha encargado a diversos despachos de abogados un análisis en profundidad de las medidas tomadas por el Ejecutivo hasta la fecha relacionados con la crisis de las autopistas. Los recursos parecen inminentes.
Una de las estrategias jurídicas que se han planteado varios de los bancos afectados es impugnar ante el Tribunal Constitucional el cambio de la normativa en materia de legislación concursal, que rebajó las mayorías necesarias entre los acreedores para validar un convenio a través de la homologación judicial.
En caso de que el Constitucional admitiera a trámite el recurso de amparo, podría obligar al Gobierno a suspender el rescate.
Otro de los decretos que la banca tiene bajo lupa es el que permitió unificar en un solo juzgado el concurso de acreedores de las ocho concesionarias de autopistas (tres concesionarias de radiales, la Eje Aeropuerto, Ocaña-La Roda, Madrid-Toledo, Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante). Esta decisión habría perjudicado, según fuentes jurídicas, a aquellos acreedores que tienen mejores garantías de cobro.
Los bancos tampoco digieren bien el Real Decreto Ley 1/2014, con el que el Estado puede restar la cuantía de las expropiaciones por pagar a la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) de cada concesionaria, depositada por los accionistas ante la banca como garantía de los préstamos. La RPA asciende a unos 4.000 millones, mientras las expropiaciones por liquidar alcanzan los 1.200 millones. La garantía en manos de la banca en caso de liquidación de las concesiones se ve claramente dañada.
Múltiples asesores a lo largo del proceso
Un grupo de diez bancos extranjeros contrató al despacho de abogados Linklaters para unificar su posición en relación a los créditos concedidos para la construcción de autopistas. Otros, en cambio, van por libre y han escuchado consejos de Clifford Chance, Olswang o Baker & McKenzie, entre otros.
Entre los bancos afectados, hay algunos más proclives a buscar un acuerdo con el Ejecutivo y otros más combativos. Quienes tienen más negocios vinculados con el Estado, como la colocación de deuda pública, son más receptivos al diálogo, pero quienes tienen una presencia más testimonial en España están dispuestos a dar la batalla.
Una de las armas jurídicas que algunos grupos extranjeros se están planteando utilizar es la demanda a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al considerar que la propuesta de acuerdo vulnera la normativa comunitaria de ayudas de Estado. Al respecto, el Ministerio de Hacienda ha estado vigilando para que este problema no llegue a producirse y la propia Comisión Europea revisa el asunto.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha insistido en múltiples ocasiones en que el rescate no le costará un solo euro a los españoles. Ante las dificultades para sacar adelante la nacionalización, entre las concesionarias empieza a cundir la impresión de que están abocadas a la liquidación.
