España quiere gasoductos

Rajoy exige una conexión para llevar gas a la UE y reducir las compras a Rusia

El presidente español Mariano Rajoy a su llegada a la sede del Consejo de Europa en Bruselas.
El presidente español Mariano Rajoy a su llegada a la sede del Consejo de Europa en Bruselas. EFE

España y Portugal, dejaron ayer claro en la cumbre europea sobre energía y cambio climático que no están dispuestos a quedarse como una isla fuera del naciente mercado energético europeo. Los dos países presionaron para que la UE garantice una mejora de las interconexiones transfronterizas para aumentar la capacidad de los flujos de electricidad hasta el 15% de la capacidad instalada. La delegación española daba ayer por conseguido ese objetivo, así como el compromiso de la Comisión Europea para poner en marcha cinco proyectos de interconexión eléctrica con Francia anunciados desde hace años.

Pero el Gobierno español ya no se conforma con mejorar la interconexión eléctrica y reclama también la puesta en marcha de infraestructuras gasísticas que permitan convertir a la península Ibérica en una plataforma de distribución de gas argelino, que llega a través de dos gasoductos, o de gas natural licuado a través de sus siete regasificadoras, una de ellas sin estrenar (la de Gijón). Las importaciones a través de esas regasificadoras han caído hasta un 23% como consecuencia, en parte, de la menor demanda, pero también por la imposibilidad de reexportar el gas.

“La península Ibérica puede servir de puente energético entre el sur del Mediterráneo y la Unión Europea”, propuso Rajoy, poco antes de asistir a la cumbre europea, durante el discurso que pronunció en la apertura del curso académico del Colegio de Europa en Brujas. Rajoy enmarcó su plan como alternativa a la reciente crisis con Moscú, que ha puesto en peligro el suministro de gas ruso a través de Ucrania.

“Las ventajas de la diversificación de las procedencias geográficas y de las rutas de tránsito son evidentes”, señaló Rajoy. Y advirtió que “no se trata solo de la seguridad energética sino también de preservar la independencia política de la Unión Europea”. En el conflicto con Rusia sobre Ucrania, muchos analistas han achacado la presunta tibieza de la UE a la dependencia energética del gas ruso.

“El Sur”, señaló Rajoy en alusión al Magreb, “con sus abundantes reservas de gas, puede contribuir a la superación de la dependencia del gas del Este. Pero para eso, es necesario impulsar la infraestructuras de interconexión entre la península Ibérica y el resto de Europa”.

La UE se comprometió en 2002 a que la capacidad de interconexión alcanzase el 10%. Pero más de una década después, la interconexión apenas ha aumentado y entre España y Francia no llega al 3%. Madrid sospecha que la falta de avances se debe a falta de voluntad política, como mínimo, o en el peor de los casos, a un deliberado intento de asilar a un posible competidor. Una tesis que parece corroborar el hecho de que, según la Comisión Europea, Francia va a lograr en 2020 el objetivo del 10% de interconexión con todos sus vecinos... salvo con España.

Portugal, que también se ve perjudicada por el aislamiento, incluso amenazó ayer con vetar los acuerdos de la cumbre europea (que concluye hoy) sobre la nueva política energética europea, que pretender fijar los objetivos hasta 2030 de reducción de emisiones de CO2 (–40%, según la propuesta), producción de renovables (27% del consumo) y eficiencia energética (27%).

Fuentes españolas se mostraban menos drásticas y consideraban que, más allá de los porcentajes sobre interconexión, Madrid desea garantías de que se pondrán en marcha las infraestructuras necesarias, tanto las ya previstas (el año que viene se concluye la nueva conexión de alta tensión con Francia) como las necesarias para facilitar la reexportación de gas. España asegura que la CE, que cuenta con 5.850 millones de euros para ese tipo de proyectos, apoya sus reivindicaciones.

Rebajar el CO2 costará 2.000 millones de euros

La cumbre europea sobre energía discutía ayer de objetivos como la reducción de emisiones de CO2 o la producción de renovables pero la verdadera batalla giraba en torno a la factura de esas políticas. Bruselas calcula que reducir las emisiones puede costar a la UE unos 2.000 millones de euros al año hasta 2030. Una factura que resulta insoportable para algunos países del Este, que reclaman una reducción de su esfuerzo. Polonia, que encabeza el grupo, reclama compensaciones económicas para modernizar la industria y mejorar la eficiencia energética de esos países. Las delegaciones del describen un panorama apocalíptico si aplican sin más una política energética que, según sus cálculos podría reducirles varios puntos el producto interior bruto (PIB).

La UE se muestra dispuesta a compensar a Polonia y el resto de socios afectados, siempre que se garantice que los fondos se destinan realmente a modernizar la red energética y los sistemas de producción.

España, según fuentes europeas, no podrá apelar a esos fondos para mejorar las interconexiones. Pero fuentes españolas expresan su confianza en captar, además de los fondos ya existentes, parte del plan de inversión de 300.000 millones de euros que pondrá en marcha la nueva Comisión Europea.