Hacienda dice que las regiones tienen aún margen para subir los impuestos

La Autoridad Fiscal discrepa de Hacienda y sostiene que el margen es mínimo Todo indica que las comunidades incumplirán también este año el objetivo de déficit

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.EFE

El Plan Presupuestario de 2015 remitido ayer por el Gobierno a Bruselas indica que las comunidades cuentan con margen para subir en 1.678 millones los impuestos de su competencia y cumplir el objetivo de déficit. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en cambio, señala que el margen de maniobra es mínimo y prevé que el déficit autonómico supere en 5.000 millones el límite de este año.

Jaume Viñas Madrid

No es ningún secreto que las comunidades autónomas son la administración que tiene mayores problemas para cumplir los objetivos de déficit. Hacienda, en el Plan Presupuestario de 2015 remitido a la Comisión Europea, recuerda que los Ejecutivos autonómicos llevan años aplicando recortes del gasto y subiendo los impuestos. Aun así, indica que todavía hay recorrido en el ámbito fiscal. En concreto, el Ejecutivo informa a Bruselas de que las comunidades tienen margen para elevar los impuestos en 1.678 millones. Ello sería posible si todas las comunidades subieran el impuesto de transmisiones patrimoniales hasta el 10%, el impuesto sobre actos jurídicos documentados al 1,5% y elevaran también el impuesto sobre hidrocarburos y sobre determinados medios de transporte.

Sin embargo, la situación entre autonomías es muy distinta y regiones como la Comunidad Valenciana –que es una de las que más lejos está de cumplir el déficit– ya aplica actualmente un tipo del 10% en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y del 1,5% en actos jurídicos documentados. Así, el margen en este caso es nulo. La Comunidad de Madrid, en cambio, ha fijado un gravamen del 6% en Transmisiones y del 0,75% en Actos jurídicos. Ambos impuestos tienen recorrido al alza según el informe de Hacienda, sin embargo, Madrid sí cumple el objetivo de déficit y, por lo tanto, no tiene motivos para elevar los tributos. De hecho, son las comunidades autónomas con mayores números rojos las que ya se encuentran en los tipos máximos que indica el Plan Presupuestario.

En este sentido, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó ayer su informe sobre las líneas fundamentales de los presupuestos de las Administraciones Públicas y advirtió que las comunidades incumplirán nuevamente el objetivo de déficit público fijado en el 1% del PIB. El órgano supervisor prevé que el desfase se sitúe en niveles similares a los del ejercicio anterior, cuando las autonomías cerraron con un déficit del 1,5%. Así, la Autoridad Fiscal estima que los números rojos superarán en unos 5.000 millones de euros el objetivo fijado por Hacienda.

Fuentes del organismo presidido por José Luis Escrivá no comparten la opinión de Hacienda y apuntan que el margen de maniobra para elevar los ingresos está prácticamente agotado. Además, apuntan que la mejora económica no se traduce en un menor gasto para las comunidades. Ello es así porque el gasto en sanidad o educación, las dos mayores parcelas gestionadas por las comunidades, no tiene un componente cíclico. Por otra parte, la mejora de los ingresos por la mayor actividad siempre se traslada con cierto retraso al sistema de financiación que aporta el 70% de los recursos autonómicos.

A pesar del desvío de las autonomías, la Autoridad Fiscal prevé que el conjunto de las administraciones públicas cumplirá el objetivo de este año, fijado en el 5,5%. Ello será así porque el Estado central y, sobre todo los ayuntamientos, se quedarán por debajo del límite. Las entidades locales, que tienen la obligación de cerrar en equilibrio, están en condiciones de registrar un superávit del 0,4%. De hecho, según el Plan Presupuestario enviado a Bruselas, los ayuntamientos aplicarán un ajuste del gasto de 3.721 millones. La mayor parte del ahorro se originará por la eliminación de entidades locales menores y la supresión de servicios que no son de competencia local. Además, el incremento de impuestos y tasas municipales aportará más de 1.000 millones.

Y, a la espera de conocer el detalle de los presupuestos autonómicos, Hacienda informa a Bruselas que prevé que las comunidades apliquen ajustes del gasto el próximo año por importe de 1.737 millones y recauden 1.462 millones por nuevas subidas fiscales o por el efecto de otras ya aprobadas.

La dificultad de rebajar los números rojos al 4,2% del PIB

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal advierte en su informe que el objetivo de déficit del 4,2% para el conjunto del sector público en 2015 es muy exigente. Su cumplimiento, indica el supervisor, requerirá “una ejecución estricta de los presupuestos, que permita materializar los márgenes de ahorro que parecen existir en algunos subsectores”.

Sobre los Presupuestos generales del Estado para 2015, que actualmente se encuentran en tramitación parlamentaria, la Autoridad Fiscal defiende que las previsiones de ingresos son ambiciosas, aunque alcanzables. Este es uno de los puntos que ha recibido más críticas y algunos expertos han alertado de un exceso de optimismo en las estimaciones de recaudación tanto de la Administración central, como de la Seguridad Social. Además, la Autoridad Fiscal defiende que el impacto estimado de la reforma fiscal –Hacienda prevé un ahorro de 3.366 millones para el próximo año– también resulta realista.

Si bien el organismo público sostiene que es factible cumplir la previsión de ingresos, no oculta que el riesgo de desvío es relevante en el caso de que el crecimiento sea inferior al 2% previsto por el Ministerio de Economía. El parón que están sufriendo las principales economías europeas supone una amenaza también para España y su sector exportador. En el Plan Presupuestario enviado ayer por el Gobierno se indica que todas las medidas de ajuste han derivado en una reducción del gasto público de 37.620 millones entre 2012 y 2015. Por el lado de los ingresos, el Ejecutivo estima que el conjunto de medidas fiscales supondrá por primera vez en la legislatura un ahorro para los contribuyentes, cifrado en 3.592 millones.