Editorial

Los retos de la auditoría en España

El medio millar de auditores que se reúne desde ayer en Palma de Mallorca para celebrar el 22 Congreso Nacional del Instituto de Censores Jurados de Cuentas han elegido como lema del evento una cuestión cuya actualidad está fuera de toda duda: la transparencia. El tema no es un desconocido para la profesión –se trata, de hecho, de uno de sus grandes principios rectores–, pero la abundancia de los casos de escándalo de fraude y corrupción que se han producido en España constituye una prueba palpable de que se halla lejos de estar resuelto.

El colectivo ha realizado un sano y poco frecuente ejercicio de autocrítica al reconocer que los auditores podrían haber aportado más valor a la hora de anticipar los efectos y las consecuencias de la crisis económica. Pese a ello, tal y como subrayó ayer el presidente de la patronal de las auditorías, Mario Alonso, la profesión ha ejercido también de elemento neutralizador de esa virulencia “al haber detectado problemas en estados contables que se han subsanado”. Sin duda eso se espera de un colectivo cuya función primordial es auditar los estados contables, es decir, verificar y dictaminar que las cuentas de una entidad –sea empresa o institución– son veraces y reflejan adecuadamente la realidad. A ello se suma el hecho de que los auditores ejercen también un papel de asesoramiento empresarial que resulta clave a la hora de optimizar el proceso contable.

Para poder ejercer adecuadamente esas funciones son necesarias dos grandes condiciones. La primera de ellas tiene que ver con el propio control deontológico de la profesión y, en su caso, con el control de legalidad que corresponde ejercer a los poderes públicos sobre toda actividad profesional. Un extremo que en el caso de los auditores se lleva a cabo por la estricta potestad inspectora y sancionadora que ejerce el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), un organismo dependiente del Ministerio de Economía.

La segunda pasa por dotar a este colectivo de una legislación que, sin perder rigor, sea lo suficientemente clara, segura y fiable como para facilitar su actividad profesional. En este sentido, los auditores han tenido que afrontar en un breve periodo de tiempo un hiperdesarrollo legislativo: a la norma actual, de 2010, y el reglamento, de 2011, hay que unir la promulgación el próximo año de una posible nueva ley con su correspondiente reglamento. Todo ello no facilita, sino todo lo contrario, una función que resulta fundamental para ayudar a garantizar la legalidad del tráfico económico en España, pero también para regenerar la imagen de un tejido empresarial e institucional que se ha visto salpicado por demasiados escándalos y fraudes; y que tiene ante sí no solo el reto de predicar la transparencia, sino también de practicarla.