La Audiencia Nacional toma las riendas del caso del reparto de Metrovacesa
Más de cuatro años después de la primera denuncia, tras acumularse procesos relacionados en los juzgados madrileños, con presuntos delitos denunciados que ocupan cientos de páginas, y con cientos de millones de euros en juego, la Audiencia Nacional ha tomado las riendas del caso del reparto de Metrovacesa.
En un auto firmado esta semana por el juez Eloy Velasco, del juzgado central de instrucción número seis de Madrid de la Audiencia Nacional, al que ha accedido este diario, el magistrado dispone acumular las diligencias previas del juzgado de instrucción número 47 de Madrid a las diligencias previas seguidas en el juzgado de la Audiencia Nacional referidas a Metrovacesa.
Entre 2006 y 2007 los principales accionistas de Metrovacesa, la familia Sanahuja por un lado, y Joaquín Rivero y su socio Bautista Soler por otro, se embarcaron en una guerra sin cuartel por el control de la que fuera primera inmobiliaria española y una de las mayores de Europa.
Finalmente los Sanahuja y Rivero acordaron el reparto de la compañía, un acuerdo consistente, básicamente, en que la familia catalana se quedaba con el control de la inmobiliaria española y a cambio Ribero y Soler mantenían algo más del 30% de Gecina, en la actualidad la mayor inmobiliaria francesa y prácticamente de Europa.
El encarnizado enfrentamiento se saldó con derrotados. La familia Sanahuja alcanzó el 80% de Metrovacesa y el patriarca, Román Sanahuja, fue nombrado presidente. Pero al poco tiempo los bancos acreedores se hicieron con el control de Metrovacesa intercambiando deuda por acciones de Sanahuja (la compañía rozó los 7.000 millones de deuda);Sacresa, la inmobiliaria de la familia catalana, se declaró en concurso con más de 2.000 millones de deuda. Ribero y Soler han terminado por perder también sus títulos en Gecina y la inmobiliaria de Joaquín Ribero, Bami, se encuentra en situación concursal.
El procedimiento que asume ahora la Audiencia Nacional se incoa en virtud de denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal contra Román Sanahuja Pons, Jesús García de Ponga –el ejecutivo de confianza de la familia que ocupó el cargo de consejero delegado en Metrovacesa–, y Pablo Usandizaga –fue secretario del consejo de administración de Metrovacesa–. La denuncia es por delito de administración fraudulenta, apropiación indebida “de especial gravedad atendido el valor de la defraudación” y “cualquier otro con los que los referidos ilícitos pudieren estar relacionados y que habrán de determinarse en el curso de la instrucción judicial”.
Cerca de 5.500 millones de deuda
Alejada de los focos del mercado –los bancos españoles que controlan el capital de la compañía excluyeron a Metrovacesa de Bolsa el pasado año– y sin pretensión alguna de aparecer en prensa, la inmobiliaria sigue siendo una de las mayores del sector en España. La reciente venta de su participación en la francesa Gecina, donde tenía un 26,7% del capital, servirá para reducir la abultada deuda del grupo, que ha rozado su entrada en concurso de acreedores (lo que hubiera supuesto una de las mayores quiebras empresariales ocurridas en España).
De acuerdo a las cuentas de la empresa del año 2013, depositadas en Registro Mercantil, Metrovacesa tenía a finales del pasado año 5.494 millones de deuda y pérdidas por 22,6 millones.