Ley de Servicios Profesionales: ¿liberalización o intrusismo?
“Privar a un profesional de su independencia es una barbaridad”, dice Sonia Gumpert “La aprobación de la norma perjudicaría a los más desfavorecidos", advierte Carlos Viña
La abogacía española está en pie de guerra contra el nonato proyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que parece estar a punto de ser aprobado por el Consejo de Ministros. Las semanas previas al tradicional parón de agosto en la actividad profesional del sector legal fueron momento de sucesivas filtraciones acerca de la inminente tramitación de un proyecto que protagoniza un firme rechazo en los colectivos profesionales, desde que fueran conocidas sus principales líneas hace más de un año.
Un complicado inicio de curso judicial
Coinciden todos los representantes de la abogacía en que los colegios contribuyen a fomentar la igualdad de oportunidades entre los profesionales y en que los más desfavorecidos, fundamentalmente los beneficiarios de justicia gratuita, accedan a servicios jurídicos de calidad. Para Carlos Viña , “la formación constante que ofrecen los colegios es la garantía de que los que tienen menos recursos puedan acceder a profesionales perfectamente capacitados", algo que desaparecerá, en su opinión, con las previsiones de la Ley de Servicios Profesionales".
En esta dirección apunta también Sonia Gumpert. Resalta el valor que, para los nuevos abogados, tienen los servicios colegiales, “como la salas de estudios, bibliotecas, bases de datos o formación". Pero, además, la igualdad de oportunidades se vería resentida y también las “oportunidades de los ciudadanos para poder acceder a una buena defensa de sus intereses adecuada a sus posibilidades económicas. Además, “no es compatible fomentar el emprendimiento y limitar las oportunidades", asevera la decana del ICAM.
Un escenario complejo en el inicio del año judicial, al que se acumula la Ley de Tasas, pendiente de revisión por el Tribunal Constitucional, y el anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita, que anuncian un ejercicio conflictivo en el sector legal. En esta dirección, advierte Carlos Carnicer, presidente del CGAE, de “la pobre sensación que ofrece un Gobierno que no se sienta a negociar", y que hace previsible que la abogacía, “que cada vez suma más respaldo en sus reivindicaciones", mantenga o incremente la presión. “Todos los operadores jurídicos nos animan a continuar", dice Carnicer, en una reivindicación “que es defensa de los derechos fundamentales de las personas" ya que “no hay Estado de Derecho sin derecho de defensa".
En ese contexto, este verano, centenares de abogados, representantes de las juntas de gobierno de los 83 colegios de abogados de toda España y sus 10 consejos autonómicos se manifestaron, vestidos con la solemne toga, en Madrid en un acto de protesta sin precedentes en la historia de la abogacía española.
Más allá de las principales discrepancias materiales –que son prácticamente unánimes entre todas las profesiones colegiales_–, como son el rechazo a la injerencia de la Administración en el funcionamiento colegial. la imposición de cuotas en un máximo de 240 euros anuales, obtenida “en base a un método de cálculo totalmente erróneo", en palabras del presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer. Permitir además la colegiación en cualquier lugar sin atender a la residencia o lugar de ejercicio habitual del profesional o eximir de la colegiación obligatoria a los abogados de empresa o no litigantes han generado un profundo malestar que conlleva otros perjuicios, como devaluar el derecho de defensa y el sistema de justicia.
“Los servicios que prestan los colegios son, en su mayoría, dirigidos directamente a los ciudadanos, como los servicios de orientación jurídica, de inmigración y extranjería, menores o intermediación hipotecaria. Y los que se ofrecen a los profesionales, como la formación del turno de oficio, revierten directamente en la ciudadanía", asegura Carnicer, que se muestra combativo en disolver el discurso del Ministerio de Economía y Competitividad acerca del corporativismo y el supuesto blindaje de intereses propios. “No tiene nada que ver con la realidad", se manifiesta rotundo Carnicer que, aclarando conceptos, defiende un “corporativismo positivo, sano y beneficioso que fortalece a la institución en beneficio de los ciudadanos. No vivimos en el corporativismo rancio y negativo que pretenden trasladar desde el Gobierno. Al contrario, hemos implementado, con nuestros medios, todas las herramientas tecnológicas destinadas a hacer más ágil y eficiente la justicia”. Por su parte, Sonia Gumpert, decana del Colegio de Abogados de Madrid, con cerca de 77.000 colegiados, reconoce que el objetivo es garantizar los servicios colegiales, aun en un escenario de reducción forzosa de cuotas.
Esta capacidad de minimizar el impacto económico que pudiera tener la ley, y aun reconociendo que un colegio de gran tamaño y saneado como el de Madrid podría incluso verse beneficiado por la absorción de colegiados de otros colegios abocados al cierre o a la reducción de servicios, no rebaja una durísima crítica de la decana a lo que denomina “injerencia inaceptable de la Administración” en corporaciones que durante siglos vienen autorregulándose para poder, “desde la independencia, servir mejor a los ciudadanos”.
Hasta 10.000 puestos de trabajo destruidos
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) encargó a la auditora Roland Berger, “la misma contratada por el Ministerio de Economía y Competitividad en 2012 para que evaluara los activos de la banca española", apunta Carlos Carnicer, un informe sobre el impacto en el empleo que tendría la aprobación de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales en los términos adelantados. La consultora, reconociendo que no ha podido llegar a un examen exhaustivo por la diversidad de las realidades colegiales y la dispersa información, avanza que entre 4.000 y 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos podrían destruirse ante la previsión de una reducción obligada de las cuotas profesionales y de los servicios que con ellas se prestan a ciudadanos y profesionales en los colegios profesionales. Estos representan el 9% del PIB, el 6% del empleo directo y el 30% del empleo universitario, según datos recogidos en el anteproyecto de ley.
Sonia Gumpert coincide en la “merma democrática" que supone imponerse a la voluntad de los colegiados con normas administrativas impuestas como es la cuota obligatoria. “Es una total contradictio in términis pretender liberalizar restringiendo la libertad en los colegios".
En relación con permitir el ejercicio profesional sin colegiación de los abogados de empresa, Gumpert evidencia la falta de compatibilidad de esa propuesta con mejorar la justicia. “Privar a un profesional de su independencia, suprimiendo su derecho al secreto y la confidencialidad, es una barbaridad". En definitiva, “lo que defendemos es la esencia de una profesión que gestiona derechos y libertades de los ciudadanos. Trasladar sibilinamente que lo que defendemos son privilegios propios no tiene lugar".
En este mismo sentido se manifiesta Carlos Viña, decano del Colegio de Abogados de Lanzarote, que agrupa a 350 letrados, quien asegura que la aprobación de la citada normativa, tal y como está planteada, perjudicaría directamente a la parte más desfavorecida de la sociedad, que se verían privados de los servicios que hoy se prestan. “Nos veremos abocados a echar el cierre, a desaparecer", asegura, a la vez que critica duramente “hablar de liberalización exhibiendo un intervencionismo impropio del mundo occidental", ya que “intervenir para liberalizar no es coherente, más en corporaciones que se financian con sus cuotas privadas y no a través de los fondos públicos".
Cree el decano de Lanzarote, además, que el verdadero trasfondo de estas medidas debe buscarse más “en el posicionamiento crítico y en defensa de la ciudadanía que vienen manifestando los abogados en muchas cuestiones", que en una pretendida liberalización de los servicios profesionales.