Los empleados públicos ponen deberes al Gobierno
Los Presupuestos Generales de 2015 –cuyo proyecto verá la luz a finales de este mes de septiembre– podrían ser los últimos de la actual legislatura, debido a que las elecciones generales están previstas para finales del próximo año y el actual Gobierno podría decidir no diseñar los del ejercicio 2016. Ante esta circunstancia, el sindicato mayoritario entre los empleados públicos CSI-F conminó ayer al Ejecutivo a que “aproveche las elaboración de las cuentas públicas para reconciliarse con el colectivo” y reponga a estos trabajadores los recortes que se les han impuesto durante la crisis.
“Los empleados públicos llevan cuatro años de congelaciones salariales consecutivas (seguidas a la consolidación de la rebaja del 10% en 2010) y no van a a aceptar una nueva decepción”, aseguran en CSI-F.
Los responsables de este sindicato “son conscientes de que en el seno del Gobierno se está estudiando incluir alguna mejora en los próximos Presupuestos” y por ello ha intensificado su interlocución con el Ejecutivo.
Ante esto, CSI-F reclama seis líneas de negociación. En primer lugar reclaman la ampliación de oferta de empleo público, con una tasa de reposición prácticamente congelada durante toda la crisis.
Seguidamente, exigirán al Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la recuperación del poder adquisitivo perdida por la rebaja y congelación de sueldos desde 2010. En concreto, piden que los Presupuestos “concreten la forma de recuperación íntegra en 2015 de la paga extraordinaria de 2012 para el conjunto de personas a las que les fue retirada”.
También exigen la restitución total de días libres para asuntos propios (moscosos) y días de vacaciones adicionales por antigüedad (canosos).
Devolución de un ‘moscoso’
Precisamente, el Congreso de los Diputados aprobó ayer definitivamente la Ley de racionalización del sector público, que incluye que los funcionarios recuperarán el segundo día moscoso de los tres suprimidos en 2012 dentro de las medidas para reducir el déficit, una enmienda al proyecto de ley que fue introducida por el PP. El sindicato también quiere iniciar de forma inmediata las negociaciones para establecer criterios mínimos en todas las Administraciones para desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público (carrera profesional, evaluación del desempeño, movilidad interadminisrativa, personal directivo etc.). Y retomar el diálogo social con el Gobierno.
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