El Gobierno dará por cerrado el caso de las 'vacaciones vascas' tras el pago de la multa

Trabajadores en una fundición del País Vasco

El largo litigio que mantienen las autoridades comunitarias, el Estado y las diputaciones forales vascas por el caso de las ‘vacaciones vascas’ tiene visos de pasar a la historia. Fuentes de Hacienda confirmaron a CincoDías que el importe de la multa impuesta por Bruselas el 13 de mayo (30 millones de euros) fue abonado por las tres diputaciones forales antes del 1 de agosto, “con carácter voluntario y anticipado”, por lo que el Ejecutivo archivará el expediente relativo a este caso en un próximo Consejo de Ministros.

El caso de las vacaciones fiscales se remonta a 1994, cuando La Rioja, como comunidad limítrofe de Euskadi, denunció este sistema impositivo ante Bruselas por considerar que lesionaba la atracción de inversiones a su comunidad. Las vacaciones fiscales alentaban inversiones superiores a los 15 millones (que tributaban sólo al 45%) y dejaban sin el impuesto de sociedades a las empresas de nueva creación en sus cuatro primeros años de andadura (precisamente cuando menos resultados se contabilizan). Esos incentivos se financiaban con ayudas procedentes de la Comisión Europea.

La sanción impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la UE a mediados de mayo de 2014 determinaba la tardanza en la recuperación de las ayudas a las vacaciones fiscales vascas, tras un procedimiento que en 2001 estableció que eran ilegales y en 2006 lo ratificó tras los recursos presentados por las diputaciones forales. El quid de la cuestión, una vez impuesta la multa, era saber cómo se iba a producir el reparto de la misma, ya que todas las diputaciones coincidían al señalar que se habían devuelto las ayudas en el plazo establecido.

El castigo de Bruselas podía haber sido mucho mayor, ya que la Comisión reclamó en un primer momento 64 millones de euros. Finalmente rebajaron el importe de la multa a 30 millones, al considerar que era el Reino de España el que recibía la multa, aunque la ilegalidad procedía de una de las diecisiete comunidades autónomas que lo componen.