Tribuna

La reforma de la no competitividad

La reforma que presenta el Ministerio de Economía y Competitividad, lejos de fomentar la necesaria competitividad de los profesionales, se centra en demonizar a los colegios profesionales e imponerles una tutela desproporcionada, que a su vez viene a restar la imparcialidad y el criterio propio y democrático de los colegios.

Esta descafeinada reforma no contenta a nadie, y solo ha servido para remover los cimientos de nuestras instituciones para posteriormente no afrontar los verdaderos cambios que requiere el mundo profesional para su correcta adecuación al Espacio Europeo.

Pese a todo, y ahora me arrepiento, desde el principio hemos defendido esta reforma por cuanto parecía ser una evolución competitiva del mundo profesional, y sería de ingenuos e inmovilistas, el negarse a la necesaria adaptación al ámbito europeo y mundial de las profesiones, que nos situase en una posición de igualdad competitiva.

Entendemos que son tiempos difíciles para realizar según qué tipo de reformas, y entendemos que siga habiendo profesionales que defiendan cotos cerrados de actividad, pero hay que reflexionar sobre lo que es mejor para la sociedad y no solo para unos pocos. Si se requiere un aumento de competitividad en los profesionales, no se pueden seguir manteniendo barreras totalmente ilógicas y que impiden el desarrollo profesional.

Alguien en su sano juicio, entiende que un ingeniero técnico industrial pueda firmar una nave industrial de 200.000 metros cuadrados o más, la vivienda del guarda de esa nave y la residencia donde residen los trabajadores de la misma, y, sin embargo, tenga problemas para firmar una nave agrícola de 50 metros cuadrados, no pueda proyectar la vivienda de ese mismo guarda cuando está en suelo residencial y, por supuesto, tampoco pueda firmar esa misma residencia cuando está fuera de suelo industrial. A esto es a lo que nos referimos con la falta de competitividad de nuestros profesionales, que ven limitadas sus posibilidades de actuación en base al uso y no a sus conocimientos, lo que no se concibe en ninguna sociedad con expectativas de desarrollo.

Si realmente se pretendiese generar competitividad, se deberían establecer unas reglas del juego similares para todos los profesionales y habilitar a través de los colegios para el ejercicio profesional, en función de los títulos académicos y el aprendizaje no formal (experiencia y formación continua), tal y como se impone en el ámbito europeo y mundial. Esta sería una evolución lógica y donde los colegios profesionales podríamos realizar nuestra función de trasladar seguridad y calidad, y por supuesto se generaría una sana competencia entre los profesionales, que llevaría intrínseco un proceso de mejora continua de nuestros servicios, trasladable de forma directa al aumento de competitividad en nuestra sociedad. Pero es que además, hay que tener en cuenta que nos encontramos en la Unión Europea donde se define un mercado único de trabajo, y no solo hemos de ser competitivos con los profesionales españoles, sino también con los del resto de Estados miembros.

De acuerdo con el sistema europeo de reconocimiento de cualificaciones, cuando se desplazan a otros países de la UE, solo se les permite ejercer aquellas actividades para las que están habilitados de acuerdo con la normativa española.

Como esta normativa es muy restrictiva, las atribuciones profesionales están muy segmentadas. Así, los profesionales españoles, especialmente los ingenieros, se ven muy limitados para prestar servicios fuera de España. Por el contrario, los profesionales europeos, al tener en su Estado de origen una regulación más abierta, sí están habilitados para ejercer en España en un campo mucho más amplio de actividades profesionales.

En definitiva, se trata de un texto que dista mucho de las necesarias reformas que debía contener el sector de los servicios profesionales, y que sin embargo estaban perfectamente descritos en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo que acompañaba al texto en diciembre de 2013, pero, una vez más, se anteponen otros intereses particulares al interés general.

José AntonioGaldón Ruiz es presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial.