La presión fiscal que ejerce el IBI
Cuando en 1989 se instauró el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) en sustitución de la contribución territorial rústica, la urbana y del impuesto municipal sobre solares, se reordenó un importante ámbito impositivo local al tiempo que se rearmaba a los municipios con una extraordinaria capacidad recaudatoria. La experiencia ha demostrado que este tributo, que grava a los propietarios de inmuebles, se ha convertido en tabla de salvación de las Administraciones locales en un escenario impositivo de fuerte castigo a la recaudación tributaria. El IRPF, el IVA y el impuesto de sociedades, los tres grandes tributos, han sufrido rebajas en su capacidad recaudatoria por el recorte sin precedentes del empleo, el consumo y los beneficios empresariales a causa de la crisis. Frente a todos ellos, el IBI es el único tributo del sistema impositivo cuya recaudación nunca ha bajado desde su creación.
Los datos del Catastro, que analizan la presión fiscal, medida como el porcentaje que los pagos suponen en el conjunto del PIB regional, muestran cómo esta ha crecido un 53% en plena crisis: en el lustro 2008-2012 pasó de un 0,7% a un 1,07%. En el último año de ese periodo ya tuvo efecto la subida temporal de dos años, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy nada más llegar al poder, para las viviendas que estuvieran por encima del valor medio tomando por referencia el valor catastral de cada municipio. Lo que iba a ser una medida temporal para 2012 y 2013 se prolongó un año (2014) y al menos se prorrogará otro adicional, hasta 2015. La justificación es dotar de mayores recursos a las entidades locales. El IBI es competencia municipal y, de hecho, la prórroga llegada desde Madrid de la nueva medida es un verdadero balón de oxígeno para los ayuntamientos e interpretada como premio a su austeridad, que les llevó a ser la única Administración que cerró 2013 con superávit fiscal, lo que sirvió para cuadrar un déficit lastrado por el Estado y las autonomías.
Como es lógico, el IBI también ha sido protagonista en la gestación de la reforma fiscal aprobada por el Ejecutivo. La comisión de expertos presidida por Manuel Lagares sugería un incremento generalizado de los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, pero como la recaudación de los ligados a compraventas está muy pegada a las oscilaciones de los ciclos, proponía otra subida del IBI basada en acercar los valores catastrales a los de mercado. Esto, que implicaría un incremento notable de la base imponible del tributo local, fue descartado por Hacienda, que sí aprobó la citada prórroga. Toda esta trayectoria dibuja un IBI como verdadera arma fiscal manejada, a pesar de ser un impuesto municipal, no solo por los ayuntamientos. Desde esa óptica, y si de verdad el Ejecutivo quiere cumplir su plan de bajar impuestos a los ciudadanos, el IBI debe entrar en la ronda de rebajas fiscales en marcha, o tal promesa será una falacia.