El almacén se hibernaría y pasaría a una nueva sociedad de la SEPI

Industria propone un plan de rescate de Castor con un préstamo del ICO

Hacienda quiere evita que el crédito se compute como deuda pública

La propuesta se llevó al último Consejo de Ministros

Plataforma del almacén subterráneo de gas natural Castor.
Plataforma del almacén subterráneo de gas natural Castor. Reuters

El pasado 18 de julio, Escal UGS, sociedad participada por ACS, con un 66,7% y la canadiense UGS, con el 33,3% restante, presentaron ante el Ministerio de Industria la renuncia formal a la concesión del almacenamiento de gas Castor. La actividad de esta instalación está suspendida desde el pasado mes de octubre tras los seísmos que se produjeron en las costas de Castellón cuando su operador realizaba la primera inyección de gas en la planta.

Tras recibir el permiso de sus bonistas, que son acreedores de una deuda de 1.400 millones de euros, de los cuales, 300 millones corresponden al Banco Europeo de Inversiones (BEI), Escal tramitó la solicitud de renuncia a la explotación, a la vista de la decisión del ministerio de retrasar sine die su puesta en marcha.

En la misma se calcula que la indemnización que deben recibir los inversores de Castor es de 1.380 millones de euros (inferior a la citada cantidad porque ya se ha amortizado una pequeña parte), que incluye, además del valor neto, otros gastos menores por permisos, licencias o intereses ya capitalizados. A ese importe hay que añadir los costes operativos y de mantenimiento que corresponde a la planta desde su puesta en marcha provisional.

La Secretaría de Estado de Energía había diseñado un plan específico de rescate de Castor, cuya aprobación estaba prevista en el último Consejo de Ministros, el del pasado 1 de agosto, según fuentes próximas al Gobierno. Finalmente, la aprobación de la propuesta se ha pospuesto para la próxima reunión del Consejo de Ministros.

El plan incluye la creación de una sociedad ad hoc dependiente de la SEPI a la que pasaría el almacén de gas y su indemnización se financiaría con un préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que se cargaría después, en varios años, al sistema del gas (los consumidores en la factura).

Las mismas fuentes aseguran que Hacienda ha puesto peros a este plan, pues considera que este préstamo para Castor computaría como deuda pública. Se trataría, pues, de buscar un mecanismo similar al de la colocación de la deuda del sistema eléctrico que no tiene la consideración de déficit público, a pesar de contar con el aval del Estado.

Otras fuentes aseguran que, para el futuro, Industria baraja incluir a Castor en el plan de hibernación de las centrales de ciclo combinado de gas. Un mecanismo, aún por aprobar, que el ministerio incluyó en la reforma eléctrica.

La idea es que estas plantas, que están funcionando a un 7% de su capacidad pero que el ministerio no permite cerrar, puedan ser hibernadas, esto es, que no estén obligadas a estar disponibles (con sus contratos de gas y peajes en regla) y se limiten a realizar un mantenimiento mínimo, que se les retribuiría. En el caso de Castor, el departamento que dirige José Manuel Soria, no quiere desmantelarlo (ello costaría unos 200 millones de euros), por lo que debería pagar también por su mantenimiento.

Fuentes empresariales consideran que, en este caso, la instalación no debería pasar a una sociedad de la SEPI, sino al gestor del sistema y transportista, Enagás, que es el especialista.

 

El ministerio quiere acelerar la solución

Tras la solicitud de renuncia de la explotación del almacén Castor, el Ministerio de Industria debe publicar una resolución en la que se concreten los términos de la entrega de la instalación y se fije el importe de la indemnización. Además, el Consejo de Ministros ha de dar el visto bueno a la financiación de la inversión de Castor, que Escal calcula en 1.380 millones de euros. Este es el valor neto contable de la planta, según el artículo 14 de la orden de peajes del gas 3995/2006 a la que la compañía se ha acogido para renunciar a la explotación de Castor.

Esta orden ministerial, que fue modificada en 2012, incluye una disposición ad hoc por la que se reconocía al operador del sistema, Enagás, el coste de sus proyectos fallidos por razones geológicas.

El trámite para dar una solución a la paralización de la planta se está acelerando. El 24 de junio, Escal comunicó a Industria su intención de renunciar a Castor, previa autorización de sus bonistas. Y, aunque con la opinión del principal, el BEI, era suficiente, se consultó a todos. Con la aquiescencia de los acreedores, la compañía presentó la renuncia formal el pasado 18 de julio y, aunque Industria no tiene un plazo para tomar una decisión, quiere acelerarlo.

En la reciente reforma del gas, el ministerio excluyó expresamente a Castor de la nueva retribución de los activos regulados del sistema. Así lo establece uno de los puntos del anexo XI del real decreto ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. En él se fija que el nuevo modelo retributivo no será de aplicación al almacenamiento subterráneo de gas Castor, suspendido desde octubre.