El expresidente del grupo pide diligencias al juez Ruz

Sousa afirma que Pescanova vale hoy más de 15 euros por acción

Manuel Fernández Sousa, expresidente de Pescanova.
Manuel Fernández Sousa, expresidente de Pescanova.

La representación legal del expresidente de Pescanova, Manuel Fernández Sousa, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la práctica de diferentes diligencias de prueba que sirvan para estimar el valor contable de las acciones de la compañía gallega.

En un escrito enviado el pasado 31 de julio, al que ha accedido Cinco Días, los abogados de Fernández Sousa advierten que una vez aprobado el convenio de acreedores de Pescanova y la reducción del pasivo acordada “conlleva que, a día de hoy, se haya resuelto las incertidumbres de este concurso y se haya repuesto el patrimonio de Pescanova SA a valor positivo y, por tanto, que el valor teórico contable de las acciones sea superior a cero”.

La crisis de Pescanova, el mayor concurso de una empresa de alimentación española, se inició en febrero de 2013 cuando el grupo anunció que no formulaba las cuentas de 2012. El 25 de abril de ese año, el juzgado mercantil de Pontevedra declaró el concurso de la multinacional española; informes de consultoras posteriores estimaron que la deuda del grupo era de 3.641 millones, cuando Pescanova había declarado una deuda de 1.522 millones. En mayo de este año la compañía abandonó en la práctica la situación concursal en la que se encontraba al aprobar la banca acreedora un convenio.

En su reciente escrito al juez, la defensa de Sousa explica que el convenio, tal y como fue presentado para su aprobación, recogía dos propuestas para el pago de las deudas, una que pasaba por una quita del 97,5% de los créditos aprobados y otra en la que los créditos quedarían afectados por una quita del 90%. El pasivo de Pescanova recogido en sus cuentas de 2013 ascendía a 2.629,9 millones de euros, siendo el patrimonio del grupo negativo por 1.923 millones.

Los abogados de Fernández Sousa señalan en su solicitud de diligencias al juez que “en este escenario”, si la quita aprobada supone la condonación de entre el 90% y el 97,5% de las deudas, “ello supondría una reducción de entre 2.366,9 millones y 2.564,2 millones en el pasivo”.

La consecuencia de ello, prosigue el texto, “sería la inmediata reposición del neto patrimonial” con lo que estaríamos “hablando ya de un patrimonio neto positivo de entre 443,8 millones y 641,1 millones”.

El valor teórico contable de las acciones viene determinado, explica la representación legal de Sousa, por el cociente entre los fondos propios y el número de acciones “tal y como ha asegurado en sus escritos el ministerio fiscal”. Considerando que Pescanova cuenta con 28,7 millones de acciones, y aplicando el cociente mencionado, “el valor teórico de cada acción de Pescanova en la actualidad, lejos de ser negativo, rondaría entre los 15,44 euros y los 22,31 euros”.

La representación legal de Fernández Sousa admite que estos cálculos “son, ciertamente, muy genéricos: apenas responden al escenario teórico que, a nuestro entender, se abre para Pescanova SA en el futuro”. Por ello solicita al juez Ruz que el juzgado mercantil de Pontevedra remita “testimonio de la sentencia que haya puesto fin al procedimiento con indicación de firmeza” y “testimonio del convenio de acreedores aprobado”. También requiere que Pescanova certifique el balance de situación y el importe del neto patrimonial.

Un valor del que puede depender la fianza

Hace ahora un año el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz impuso una fianza civil que sumaba 1.200 millones de euros en concepto de responsabilidad civil a ejecutivos de Pescanova y seis sociedades ligadas al grupo pesquero. A los directivos se les imputan delitos como el falseamiento de cuentas o el uso de información relevante. En particular, a Manuel Fernández Sousa el juez le impuso fianza de 178,8 millones.

La representación legal del expresidente de Pescanova recurrió dicha fianza en base a principios como “falta de motivación” al no existir todavía “la totalidad de todos los datos cuando ni siquiera los imputados han presentado declaración” y por ser “desproporcionada”. En enero de este año el juez amplió la imposición de fianzas a otros tres directivos imputados y concretó en 158,3 millones de euros la fianza contra Sousa y otros ejecutivos.

En el reciente escrito enviado al magistrado por la defensa de Sousa, en el que se solicitan diligencias para aclarar el balance de Pescanova y los términos del convenio aprobado, se advierte la incidencia que tiene el valor otorgado a la compañía sobre la fianza impuesta. “Si el fiscal insiste en defender el importe de los supuestos perjuicios –y con ello el importe de la fianza a imponer en el valor de esas acciones en la actualidad”, dice el escrito, “la prueba solicitada servirá para averiguar dicho valor que, a diferencia de lo expuesto por el Ministerio Público no es cero, sino que está por encima de cero”.

Los abogados añaden que las diligencias servirán “para demostrar lo cambiante” del valor de los títulos “y, por ello, lo precipitado que resulta pretender imponer sobre dicho valor inconstante, antes de que la instrucción arroje unos resultados concluyentes, una fianza abocada a ser revisada y modificada desde un primer momento”.