Las comunidades suprimen 675 entes y reducen su sector público un 28,5%
Cataluña es la comunidad que cuenta con más organismos Valencia ha registrado el mayor número de despidos
Los tijeretazos de las comunidades autónomas, insuficientes para unos y excesivos para otros, han reducido el sector público y el gran número de consorcios, sociedades mercantiles o fundaciones creadas por las autonomías. El último informe publicado por Hacienda refleja que, a fecha del primero de enero de 2014, el número de entidades públicas ascendía a 1.694 entes, 675 menos que en julio de 2010. Fue en marzo de ese año, con las cuentas públicas encaminándose hacia cifras de déficit público nunca vistas en democracia, cuando las comunidades autónomas aceptaron poner en marcha planes para reducir el número de entes públicos, algunos de los cuales incluso no estaban reconocidos. El compromiso se redobló en 2012 y el Ministerio de Hacienda señala que las comunidades han suprimido 167 entes más de los 508 estimados inicialmente.
Todas las comunidades autónomas, con la excepción de Castilla-La Mancha, han eliminado más entes púbicos que los anunciados previamente. En el caso del Ejecutivo presidido por María Dolores de Cospedal, el grado de ejecución es del 95%. El compromiso era eliminar 44 entidades y se han suprimido 42. Sin embargo, Castilla-La Mancha es la segunda comunidad que más ha recortado su sector público, un 51,2%. Lidera este grupo Baleares, que ha echado el cierre al 56,4% de sus organismos públicos. Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía cierran el grupo de las regiones que han reducido con mayor intensidad su sector público.
El menor esfuerzo se ha realizado en Asturias, Canarias, Extremadura y Madrid, cuya reducción no supera el 17%. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que no todas las regiones partían con el mismo sobredimensionamiento de su sector público. Baleares, la sexta comunidad con menos población era en 2010 la tercera región con más entes públicos adscritos al Ejecutivo autonómico.
Cataluña era y es, con diferencia, el territorio que suma más entidades públicas. Hasta 479 organismos mantenía la Generalitat de Cataluña en 2010, cuando se inició el proceso de racionalización. Se trata de una cifra superior a Andalucía, la segunda comunidad con un mayor sector público (368). El Ejecutivo andaluz ha reducido en un 33,7% su número de entes, que ahora ascienden a 244. Cataluña ha aplicado un recorte menor, del 18,4%, y hoy todavía mantiene 391 organismos.
Con datos ya cerrados, el proceso de reestructuración ha supuesto la eliminación de 4.860 puestos de trabajo. Los ajustes todavía no han terminado y la previsión es que el número de entes actuales que ascienden a 1.694 se reduzcan hasta los 1.574, lo que elevará a 5.460 el número de despidos dentro del sector público de las comunidades autónomas. El ahorro en nóminas de estos empleados asciende a 1.910 millones. En este capítulo destaca la Comunidad Valenciana, cuyo número de despidos alcanza los 2.387 efectivos, casi la mitad del total. Es la consecuencia del cierre del canal autonómico de televisión de la Generalitat.
Ajustes que no sirven para cumplir el déficit
Los recortes del gasto que han llevado a cabo las comunidades autónomas han resultado en conjunto insuficientes para cumplir el objetivo de déficit público en los últimos años. En 2013, los números rojos autonómicos alcanzaron el 1,54% frente al objetivo impuesto por Hacienda del 1,3%. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que las comunidades partían de un déficit público del 3,41% en 2011.
Por lo tanto, en dos años, lograron recortar sus números rojos en casi dos puntos. Supone un esfuerzo mayor que el acometido por la Administración central. Por otro, lado, si bien se incumplió el objetivo de déficit en términos agregados, la mayoría de las comunidades individualmente sí que se ciñeron a los umbrales marcados por el Gobierno central. De hecho, solo Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana rebasaron el objetivo de déficit público. Aunque el peso de estas comunidades sobre el total –especialmente en el caso de Cataluña y Valencia– derivó en un incumplimiento también en términos agregados.
Para el ejercicio en curso, las autonomías deben cerrar con un déficit público del 1%, lo que equivale a realizar un ajuste superior a 5.000 millones de euros. Con los datos conocidos hasta ahora, es muy probable que las autonomías vuelvan a incumplir el objetivo de déficit público. De hecho, los Gobiernos catalanes y valencianas ya han anunciado que no tienen capacidad para ni para aplicar nuevos recortes del gasto ni subir más los impuestos autonómicos. Y han anunciado que sus números rojos superarán los límites de Hacienda.
