Basta ya de cambios normativos innecesarios
En España existen más de 52.500 despachos profesionales que integran a economistas, asesores fiscales o financieros, auditores, contables, gestores y graduados sociales, entre otros. Esta cifra se eleva a 140.000 contando con los despachos de abogados. Somos, pues, un buen número, agrupados en grandes o medianos despachos y también autónomos.
Todos trabajamos para particulares y, sobre todo, para grandes compañías, pymes o microempresas. Les ayudamos, básicamente, a atender sus obligaciones con Hacienda, Seguridad Social, etc.; a elaborar las nóminas de sus empleados y su contabilidad. A partir de aquí atendemos bastantes más asuntos, gracias a la confianza que vamos generando en nuestros clientes, y nos ocupamos de negociar en su nombre con los bancos para que logren liquidez, estudiamos para ellos acciones de compra o venta de empresas, desarrollamos políticas de recursos humanos, asesoramos a los emprendedores… Sin embargo, las Administraciones parecen actuar muchas veces de espaldas a nosotros y, por añadidura, de espaldas a las empresas. Para empezar, realizan cambios legislativos de manera constante, más propios muchas veces de intereses políticos del partido en el Gobierno, del color que sea, que del interés general. Y con frecuencia esos cambios son difíciles de cumplir por los plazos o por los procesos de aplicación. Salvando las distancias, imaginen que tienen ustedes un comercio en su localidad y que el ayuntamiento decide realizar reformas en la calle, en el momento del año en que peor les viene para su negocio. Además, levantan una vez las aceras para reparar el alcantarillado, poco más tarde para extender fibra óptica, otra vez más para modernizar los cables de la luz…
Pues algo parecido ocurre con los cambios normativos. Tras las grandes y pequeñas reformas vienen nuevos trámites, con unas consecuencias tediosas y muchas veces innecesarias, que solo generan confusión y aumentan la burocracia. Por su parte, las empresas tienen que dedicar más tiempo del necesario a atender formularios inesperados o buscar datos que hasta ahora no se requerían.
Tengo dos ejemplos recientes. El primero, la introducción a mediados de diciembre, sin aviso previo, de los nuevos ficheros de información a reportar a la Seguridad Social con los datos de los conceptos retributivos de todos los trabajadores dados de alta en una empresa. Ante la abrumadora reacción de los agentes implicados, la Administración tuvo que ampliar el plazo de presentación inicialmente previsto.
El segundo ejemplo es la presentación de obligaciones fiscales mensuales en pleno mes de agosto. Como era tradicionalmente un mes de vacaciones, para las empresas y para los despachos, se podía hacer la presentación acumulada en septiembre, permitiendo cierto respiro. Pero eso ha cambiado. Y podría citar tantos otros casos…
¿Se ha parado usted a pensar cuánto tiempo tiene que dedicar cada mes a realizar trámites administrativos de todo tipo? Muchas horas, desde luego. Y eso que los avances telemáticos, cuando funcionan, están ahorrando algunas gestiones innecesarias.
A la vez, las Administraciones, tanto la central como las autonómicas y las locales, delegan en los despachos profesionales cada vez más funciones y tareas que antes eran públicas, exigiéndonos para ello nuevos certificados y acreditaciones que no nos harían falta para el desarrollo de nuestro trabajo. No pretendemos marcar la legislación española, ni mucho menos, pero sí tener voz, ya que las decisiones de nuestras Administraciones repercuten en la actividad de las empresas, nuestros clientes. También entendemos que hacen falta cambios, pero si antes de decidirlos nos escucharan a los despachos profesionales podríamos lograr que el tejido empresarial ahorrara energía y recursos que destinaría a generar actividad económica.
Son asuntos que hemos analizado en nuestro I Encuentro Nacional y por eso hemos empezado a crear una asociación nacional de despachos profesionales que defienda los intereses de este colectivo. Queremos generar vías de encuentro con las Administraciones, de colaboración, pero nos falta un órgano propio y un único interlocutor público en el Estado, en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos para trasladar las cuestiones que he citado y muchas más. Para alcanzar acuerdos hace falta que dos se sienten a dialogar. En suma, se trata de lograr sinergias y eliminar disfunciones. Que nos dejen a los despachos profesionales poner nuestro grano de arena en el aumento de la competitividad de nuestro país. Olvidarlo es un lujo que no nos podemos permitir.
Miguel Ángel Ferrer-Garcerán es Socio director general de Arrabe Asesores