La autoridad ultrajada
El pasado 24 de julio pudimos observar la manifestación de abogados que se celebró en Madrid. Todos ellos vestían con toga, la toga que marca el ejercicio de las importantes funciones que desempeñan. Asistió a la misma la práctica totalidad de los representantes de la abogacía institucional de España, es decir, la autoridad democrática que representa a la abogacía, estructurada en torno a los colegios profesionales.
No es algo frecuente. Los abogados son básicamente una profesión liberal –y a ese concepto responden mayoritariamente los miembros de las juntas de gobierno de los colegios– y por lo tanto, poco dados a salir a la calle de forma colectiva en una muestra de gran confrontación pública con el poder.
Parece obvio recordar que hablamos de un cuerpo clave e indispensable para la correcta administración de justicia y muy en concreto para el ejercicio del derecho de defensa. No en vano nuestra Constitución lo cita en reiterados artículos. No es casualidad que en el imaginario colectivo cumpla una función perfectamente identificada por el público y que la profesión haya sido objeto de todo tipo de novelas y películas (que por cierto suelen dejarla en muy buen lugar) que contribuyen a ese conocimiento social.
Sin embargo, las funciones que desarrolla la abogacía y su autogobierno institucional se están viendo menoscabadas por medidas ya adoptadas, como la Ley de Tasas, que ha supuesto una barrera muchas veces infranqueable a la hora de acceder a la justicia, y por otras que se anuncian, como el proyecto de Ley de Justicia Gratuita que desarticula, reduce y en la práctica casi elimina ese servicio público fundamental que actualmente se presta con unos ratios de coste-calidad más que aceptables. Recordemos la importancia de la abogacía del turno de oficio en la asistencia a los detenidos, a los inmigrantes, a los menores, discapacitados o víctimas de la violencia doméstica y violencia por razón de sexo. Es decir, en la búsqueda de una justicia real para todos y que llegue a todas las clases sociales.
Y por si fuera poco, también se anuncia el anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales que desmonta la más que correcta y prestigiada organización colegial de la abogacía española.
La norma, amparada en unos argumentos erráticos y en realidad con un trasfondo ideológico ultraliberal (no liberal), contrario a la existencia de organizaciones civiles fuertes y con gran tradición en España, como son los colegios profesionales, procede a un sistemático y ordenado derribo de las funciones de estas corporaciones, menoscabando su autonomía, reduciendo drásticamente sus ingresos, recortando de forma, a veces, grotesca sus funciones.
Por ello cuando observamos la crónica y las fotos de la manifestación de abogados realizada en Madrid el pasado jueves, 24 de julio, inmediatamente percibimos que no se trata de unas discrepancias concretas y puntuales con el Ministerio de Justicia. Lo que nos aparece es el concepto de autoridad ultrajada. No es un debate concreto con el ministerio. No es una confrontación puntual. Va mucho más allá. Es un cuerpo a cuerpo en el cual el ministerio pretende sustituir conceptos clave de la abogacía española actual –su independencia orgánica o el servicio público que presta– por un contenido profesional mucho más amorfo, basado en la mera prestación de servicios profesionales y en el que solo campea el mercado.
Si recordamos la distinción romana entre potestas y auctoritas es evidente que los abogados no gozan de la evidente potestas de la que disfrutan jueces y fiscales, pero no parece exagerado el atribuir a la abogacía una gran auctoritas social, que a efectos del presente artículo denominaré autoridad. Esa autoridad se fundamenta en valores reconocibles como la competencia profesional, la independencia, el respeto y la búsqueda de la justicia, etc.
Y hablamos de eso. De la permanencia y actualidad de esos valores. Porque el resultado de este proceso legislativo será un debilitamiento inevitable de aspectos que hoy son sustanciales al ejercicio de la abogacía, resquebrajando el propio core de la profesión y lesionando su legitimidad, esencia y autoridad.
Ese es, en mi opinión, el fondo del debate.
Salvador Vives es Director de Tirant lo Blanch