Tribuna

El MAB es fiable e imprescindible

Una vez más ha vuelto a pasar: para curar la infección de un dedo hay quienes quieren amputar la mano, y mucho mejor si es a la altura del codo, para que no quede rastro de la bacteria. Gowex y Jenaro García son solo eso: magulladuras en un sistema que funciona correctamente y que ha tenido una utilidad extraordinaria en los años que lleva funcionando, desde 2006. El Mercado Alternativo Bursátil (MAB) tiene una historia de indudable éxito de la que no puede hacerse enmienda a la totalidad por el mero hecho de que un delincuente –que no es ya solo presunto, puesto que ha confesado– haya conseguido vulnerar durante un tiempo sus mecanismos de control. El grupo empresarial que presido salió a cotización en el MAB en julio de 2011 y fue para nosotros un instrumento no solo de financiación, que es su objetivo principal en la mayoría de las ocasiones, sino de visibilidad y de respetabilidad, puesto que aporta justo lo que ahora se pone en duda de él: la garantía de transparencia y de buen gobierno, el aval de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Tenemos que ser conscientes de que, aunque lleguen de nuevo los buenos tiempos y la crisis económica se convierta en una sombra pasada, el crédito nunca volverá a vivir los momentos de esplendor de los primeros años del siglo. Los bancos no participarán nunca más en esos movimientos expansivos y excesivos que tan funestas consecuencias tuvieron. Es más preciso que nunca, por lo tanto, un cauce para que las pymes obtengan la financiación necesaria, para que aquellos proyectos de economía real, de la industria y de los servicios, logren el dinero que requiere su funcionamiento. El MAB es ese cauce, y resulta más útil cada año que pasa.

Todo ello no quiere decir que no haya aspectos que no deban ser mejorados. Cuando se infecta un dedo no hay que amputar la mano, pero sí es el momento de usar las pomadas antisépticas y de darse cuenta de dónde no hay que meterlo otra vez. El MAB, que es joven, puede perfeccionarse, y el caso de Gowex nos da algunas pistas de las medidas que deben ser tomadas para dificultar –nunca podrá evitarse del todo– que puedan repetirse casos semejantes. La primera, a mi juicio, es la exigencia de mayor información. Las empresas cotizadas están obligadas a presentar cuentas semestralmente. ¿Por qué no trimestralmente? Eso taparía muchas de las ventanas que un estafador como Jenaro García usa para falsificar los datos.

La segunda medida consistiría en reforzar el control de las auditorías. La ley permite que cualquier firma audite a una empresa cotizada en el MAB. Eso lleva en ocasiones a una situación peligrosa: pequeñas firmas auditoras, cuya facturación principal depende del cliente al que auditan, se pueden ver tentadas de hacer la vista gorda donde deberían afinar el ojo. Si se restringiera a las Big Four la capacidad de auditar a las empresas del MAB, este problema desaparecería de raíz. La tercera medida pasa por reforzar los gobiernos corporativos de las empresas, estableciendo por ley la obligatoriedad de que existan consejeros independientes en sus consejos de administración. A veces parece simple tener que repetirlo, pero solo el control de miradas independientes y desinteresadas nos pueden salvar del fraude, pues incluso en sociedades con una sólida ética empresarial habrá fulleros que querrán jugar con las cartas marcadas. La cuarta medida, en este mismo sentido, es aumentar la implicación de la CNMV, procurando que su tarea no sea solo pasiva –la de aceptar los informes de cuentas ofrecidos por el MAB–, sino activamente vigilante. La CNMV es, no lo olvidemos, el organismo encargado de garantizar la transparencia y fiabilidad de todos los mercados de valores españoles.

Yo añadiría una quinta medida que no corresponde solo al ámbito financiero, sino a toda la estructura jurídica de nuestro país. No es razonable que una persona que ha movido irregularmente –dejémoslo de momento así, sin acusaciones categóricas– 600 millones de euros pueda estar en la calle pocos días después de su detención con una fianza de 600.000 euros. No parece serio. Y mi juicio no está movido por el deseo de venganza, sino por la necesidad de que la justicia penal proteja la seguridad jurídica de la economía española. En los últimos años, la tan mentada marca España ha asustado a los inversores con la burbuja inmobiliaria, el agujero de la banca y la crisis de la deuda. No podemos permitirnos ahora poner en cuestión la fortaleza de las empresas cotizadas.

Raúl Berdonés es presidente del grupo Secuoya.