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Los beneficiarios pagarán entre 150 y 400 euros al mes

Sareb cede 600 pisos para alquiler social a la Generalitat por cuatro años

La presidenta de Sareb, Belén Romana, y el consejero de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Cataluña, Santi Vila, durante la firma del convenio.
La presidenta de Sareb, Belén Romana, y el consejero de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Cataluña, Santi Vila, durante la firma del convenio.
Juande Portillo

Sareb acaba de sellar un acuerdo de cesión de viviendas para alquiler social con la Generalitat de Cataluña que sentará el modelo para fijar convenios similares con otra comunidades autónomas para terminar destinando a este fin unos 2000 inmuebles.

Este primer pacto, en concreto, supone la cesión de 600 viviendas al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, que las gestionará por un periodo de cuatro años prorrogables por nuevos plazos de un año si así lo acuerdan las dos partes.

Estos inmuebles serán destinados a ofrecer un “régimen de alquiler asequible”, por cuantías que oscilarán entre los 150 y los 400 euros al mes, e irán ofreciéndose al mercado de forma escalonada.

A cambio, Sareb percibirá una contraprestación para la cobertura de los gatos de comunidad, seguros, tasas y tributos vinculados a la propiedad, mientras que la Generalita se hará cargo de los gatos de gestión y administración de las viviendas.

Las vivienda, que se componen de pisos vacíos y otros inmuebles por regularizar, se encuentran repartidos por 72 Municipios en los que “la problemática social de la vivienda es más aguda”, según ha explicado Sareb.

“Este primer acuerdo abre un marco de colaboración con las Comunidades Autónomas que permitirá a Sareb, sin desviarse de su mandato desinversor conferido por las autoridades económicas, reforzar su compromiso cívico con la Sociedad”, aduce su presidenta, Belén Romana, según recoge la nota de prensa emitida por el banco malo.

Sareb mantiene actualmente conversaciones con otras ocho comunidades autónoma con el objetivo de sellar acuerdos similares en una iniciativa que imita al fondo social de viviendas creado por el Gobierno a nivel nacional, con 6.000 inmuebles de la banca, cuyo principal problema es que los altos requisitos requeridos han impedido ocupar la mayoría de las casas.

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