Editorial

Colegiaciones incomprensibles

Salvo indeseables sorpresas de última hora, el Consejo de Ministros dará pronto el visto bueno a la largamente esperada Ley de Colegios Profesionales. Una ley con una sintonía que, en principio, suena tan bien como corta se queda: reducirá de 83 a 38 el número de profesiones a las que se exige colegiación obligatoria. Tras meses y meses de encendidas discusiones, con algunas posturas más cercanas a un envejecido concepto del corporativismo y la defensa de trasnochados privilegios que a la eficiencia profesional, va iniciar por fin su trámite parlamentario esa tan necesaria ley de servicios profesionales, que colocará en el ámbito del rango estatal las normas sobre colegiación. De esta forma se acabará –en pura coherencia con el defendible concepto del mercado único y la libre circulación europea de las personas, las mercancías y los servicios– con esos incomprensibles taifas autonómicos por los que para ejercer una profesión es exigible la afiliación al colegio de una región, y la tan artificial como inútil raya fronteriza de esta equivale a un absurdo freno. Transparencia, ordenación práctica y, sobre todo, un elemental sentido común son principios en los que se debe fundamentar la nueva norma. Lo demás sería nueva burocracia corporativista de muy difícil justificación.