El autónomo debe comunicar a su pagador la rebaja del tipo de retención
La medida beneficiará a unos 325.000 contribuyentes y tendrá un coste transitorio de 118 millones
Los profesionales que el año anterior obtuvieron rendimientos salariales inferiores a 15.000 euros pueden desde el pasado 5 de julio fijar una retención en el IRPFdel 15% en sus facturas frente al 21% vigente. La normativa aprobada en Consejo de Ministros y que ayer convalidó el Congreso con los votos a favor del PP establece que para aplicar el tipo del 15%, los “contribuyentes deberán comunicar al pagador de los rendimientos la concurrencia de dicha circunstancia, quedando obligado el pagador a conservar la comunicación debidamente firmada”. Para ello, basta enviar una carta a la empresa que contrate los servicios del autónomo explicando que se cumplen los requisitos para acogerse a la retención del 15%.
El mismo proceso se sigue en el caso de los trabajadores por cuenta propia que inician una actividad profesional y que con la ley actual tienen derecho a aplicar un tipo de retención del 9% durante tres años. Los beneficiarios deben comunicar a sus clientes esta salvedad para que la empresa que les retiene un porcentaje en el IRPFaplique el tipo reducido.
La decisión de fijar un gravamen progresivo para autónomos con menor renta fue una reclamación de organizaciones de trabajadores por cuenta propia como ATAque Hacienda entendió factible. La rebaja del tipo de retención al 15% beneficiará a unos 325.000 contribuyentes y tendrá un coste transitorio para las arcas públicas de 118 millones.
Hay que tener en cuenta que una rebaja de la retención no implica una reducción tributaria en sentido estricto, sino que supone adelantar a Hacienda menos dinero por el impuesto sobre la renta, cuya liquidación se produce el año siguiente del ejercicio de referencia. Es decir, si un autónomo sufre una retención muy elevada, el resultado de su declaración será a devolver. “El impacto recaudatorio será nulo, persistiendo únicamente un efectos financiero”, defiende Hacienda en la memoria del decreto ley. En cualquier caso, el colectivo de trabajadores por cuenta propia entendía que en un momento de falta de liquidez suponía un castigo muy duro fijar un tipo de retención del 21% para los profesionales. Para aquellos que ingresan más de 15.000 euros, la retención se mantendrá este año en el 21% y bajará al 20% en 2015 y al 19% en 2016.
Un decreto “ómnibus”
En el mismo real decreto, el Gobierno también aprobó activar el impuesto sobre depósitos bancarios, un tributo que actualmente existía con un gravamen del 0% para evitar que las comunidades autónomas lo aplicarán en sus territorios. El Ejecutivo ha fijado un tipo del 0,003% y confía en recaudar unos 375 millones de euros.
El decreto convalidado ayer y aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros se ha convertido en una norma que aglutina diversas medidas que el Ejecutivo considera de urgente implementación. Así, la norma incluye desde las bonificaciones a la contratación asociadas a la Garantía Juvenil, cambios en la gestión de los puertos, medidas para la privatización de AENA, la liberalización del sector del butano, la gestión del Registro Civil, el uso de drones, los cambios en las condiciones de los créditos de pago a proveedores de los ayuntamientos o la reducción de las comisiones por pago con tarjeta de crédito.
Casi 70 errores en la norma
El Gobierno publicó ayer en el BOE una corrección de 69 errores incluidos en el real decreto ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros.
El texto normativo modifica hasta 26 leyes e incluye medio centenar de medias de carácter económico. La oposición criticó que el Gobierno utilizara la vía del decreto ley para modificar desde la tributación de los autónomos hasta la imposición sobre los depósitos bancarios, la comisión de tarjetas de créditos o la reforma del sistema gasista. En cualquier caso, el Gobierno aceptó a través de los votos del PP tramitar el decreto como un proyecto de ley, lo que implica que los partidos podrán presentar enmiendas.
